La Defensoría del Pueblo se pronunció este 21 de abril frente a los comentarios del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre el personero de Ocaña, Jorge Bohórquez.
En un contexto marcado por la tensión en la región del Catatumbo, la entidad respaldó el rol del funcionario local y cuestionó los señalamientos del alto funcionario del Gobierno.
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El conflicto se originó luego de que Bohórquez expresara preocupaciones sobre la situación humanitaria en la vereda El Pino, ubicada en el municipio de Ocaña. Según sus advertencias, “el Ejército bombardea la vereda El Pino sin importar presencia de campesinos, niños, niñas. De seguir, se presentará desplazamiento masivo. Ojo con población civil”. Estas declaraciones generaron una reacción inmediata por parte del ministro Benedetti.
A través de su cuenta oficial en redes sociales, Benedetti respondió: “Señor personero de Ocaña, negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares”. Posteriormente, el ministro afirmó que “quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”, lo que incrementó el debate público en torno al cruce de declaraciones.
Ante estas afirmaciones, la Defensoría del Pueblo envió un mensaje claro al Gobierno. En su intervención, la entidad subrayó que los comentarios del ministro son “incompatibles” con las funciones que ejerce un personero municipal. Recordó además que el Ministerio Público, al que pertenece Bohórquez, tiene la facultad de hacer observaciones sobre la gestión estatal, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado.
En su comunicado, la Defensoría expresó que “cuestionar desde el terreno las medidas del Gobierno hace parte legítima de su labor y convertir esa crítica en motivo de sospecha compromete tanto su seguridad como la autonomía del Ministerio Público”. Esta declaración resalta la preocupación institucional por el impacto que pueden tener las declaraciones oficiales en regiones con condiciones de seguridad complejas.
La entidad también hizo hincapié en la necesidad de tener un manejo responsable del discurso público por parte de los altos funcionarios, particularmente en regiones como el Catatumbo. En palabras de la Defensoría: “En contextos como el Catatumbo, donde las condiciones de seguridad son frágiles, cada palabra pronunciada desde el alto Gobierno tiene un impacto real sobre la vida de quienes trabajan por la garantía de los derechos”.
La situación en el Catatumbo, caracterizada por la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las Farc, ha mantenido un nivel crítico de violencia y riesgo para los líderes locales. En este escenario, el personero de Ocaña ha hecho públicos sus reportes de riesgo humanitario, lo que desencadenó la controversia con el Ministerio del Interior.
La Defensoría reiteró su respaldo al ejercicio autónomo de los personeros y su compromiso con la protección de quienes se encargan de vigilar el respeto de los derechos fundamentales, especialmente en territorios donde la institucionalidad enfrenta retos significativos.
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