Grupos armados ilegales intensifican el uso de drones en ataques en Colombia: ha habido más de 60 casos

En los primeros meses de 2025, el uso de drones como herramienta ofensiva por parte de grupos armados ilegales en Colombia ha cobrado protagonismo en el desarrollo del conflicto interno. Las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han perfeccionado esta modalidad, empleándola en ataques dirigidos contra estaciones de Policía, unidades militares y, en algunos casos, la población civil.

El pasado 13 de abril, durante la Semana Santa, tres estaciones de Policía en el departamento del Cauca fueron blanco de ataques casi simultáneos con drones explosivos. Las acciones ocurrieron en los municipios de Cajibío, Morales y Piendamó. Videos grabados por ciudadanos documentaron cómo los soldados intentaban derribar los artefactos voladores mientras sobrevolaban instalaciones oficiales. En estos casos no se reportaron heridos, aunque la estrategia evidenció un nivel de coordinación poco habitual.

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Estos episodios forman parte de una serie de al menos 62 ataques registrados este año en diversas regiones del país. El Comando Conjunto de las Fuerzas Militares ha documentado esta tendencia en un informe operativo que señala el uso de drones por parte de grupos armados en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño y en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander. Tal informe fue revelado por El Colombiano, medio que habló con algunos investigadores militares sobre este flagelo.

Las capacidades tecnológicas de estas organizaciones ilegales han venido en aumento. La incautación de drones, interceptación de comunicaciones y registros audiovisuales han permitido establecer que existe un proceso de entrenamiento por parte de los grupos armados para el manejo avanzado de estos dispositivos, con el objetivo de realizar ataques de mayor precisión sin exponer directamente a sus combatientes.

A este tipo de ofensivas se suman otras acciones violentas tradicionales. En Mondomo, corregimiento del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, un carro bomba fue detonado cerca de una estación policial el pasado Jueves Santo. La explosión dejó un saldo de una persona muerta, 20 heridas y varios daños materiales.

Uno de los casos más graves vinculados al uso de drones tuvo lugar el 4 de marzo en Teorama, Norte de Santander. Allí, un ataque con un dron cargado con explosivos improvisados, presuntamente ejecutado por el ELN, causó la muerte del soldado profesional José de la Cruz Berrío Palacios. En el mismo incidente, otros siete uniformados resultaron heridos. Este tipo de ofensiva, que no había registrado víctimas en el mismo periodo de 2024, marca un incremento del 100 % respecto al año anterior.

“Lo que están buscando es una nueva forma de atacar a las tropas que les permita obtener mejores resultados sin que ellos pierdan a sus hombres en la confrontación. Porque, si bien tienen hombres para responder a las operaciones militares, no tienen cómo hacer frente al poderío de nuestras fuerzas”, dijo un investigador militar al mencionado medio.

Los dispositivos empleados suelen tener una autonomía de vuelo de entre 30 y 60 minutos y pueden transportar hasta un kilo de explosivos, generalmente granadas de mortero de fabricación casera. La detonación puede realizarse mediante control remoto o con un impacto directo tipo kamikaze.

Ante este panorama, las Fuerzas Militares han iniciado procesos de capacitación para enfrentar esta amenaza emergente. Desde el año pasado, se han emitido directrices para establecer protocolos de prevención frente al uso de aeronaves no tripuladas en contextos de combate. Sin embargo, la dificultad técnica para interceptar estos dispositivos en zonas rurales o selváticas sigue siendo un desafío operativo de gran envergadura.

Expertos en seguridad y tecnología aeroespacial han advertido que neutralizar drones requiere equipos especializados capaces de interferir los sistemas de navegación. En zonas remotas, el acceso a estas herramientas es limitado, lo que amplifica la vulnerabilidad frente a este tipo de ataques.

Desde el Ministerio de Defensa se ha anunciado un plan de adquisición de tecnología antidrones. Los equipos serán instalados en puntos estratégicos, como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la capacidad de respuesta frente a estas amenazas. Además, se contempla avanzar en una legislación específica sobre la compra, comercialización y uso de drones en el país.

Las interceptaciones de comunicaciones han revelado el interés de las disidencias por adquirir drones a través de plataformas de comercio electrónico, con precios que oscilan entre los 600.000 y los 12 millones de pesos. Uno de los modelos más utilizados por estos grupos es el DJI Mini 4 Pro, disponible en sitios como Amazon por aproximadamente 1.159 dólares.

La ofensiva estatal también ha generado resultados judiciales. El pasado 17 de abril fue presentado ante un juez José Armando Carvajal Fernández, alias “Flaco Carvajal”, presunto operador de drones al servicio del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central. Es investigado por su posible participación en delitos como secuestro, extorsión, tráfico de drogas y homicidio. Las autoridades lo señalan como líder de una estructura encargada de monitorear a las fuerzas de seguridad para planificar ataques.

El conflicto armado en Colombia continúa transformándose con el uso de nuevas tecnologías. El despliegue de drones por parte de actores ilegales representa un reto creciente para las autoridades, que deben adaptarse a una amenaza en evolución constante y de difícil contención en los territorios más afectados.