
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), fundado en 1971 con el objetivo de representar a los pueblos originarios de la región, atraviesa un momento crítico.
Según varios líderes comunitarios, cerca de 70.000 indígenas han decidido apartarse de esta organización, argumentando falta de transparencia, exclusión en el manejo de recursos y un incremento preocupante de la violencia interna.
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Una de las voces que ha tomado distancia es la de Marcelino Huber Campo, gobernador del cabildo Kiwe Wala, en Santander de Quilichao. Desde su comunidad, afirma: “Nos independizamos porque el Cric solo trajo problemas. Nos quitaron la salud, la educación y nos dejaron solos. Ahora trabajamos con nuestras manos: hacemos carreteras con palos y macheteamos la tierra para sacar el café”.
El malestar se extiende por todo el norte del Cauca, donde varias agrupaciones como los Nietos de Quintín Lamé, la Coccam y comunidades autónomas han optado por actuar sin el respaldo del Cric. Campo agrega que la organización recibe importantes sumas del Estado, como los 57.000 millones de pesos firmados en marzo de 2024 para “proyectos productivos y ambientales”, pero asegura que esos fondos no benefician a la mayoría.
“¿Dónde es que está la plata?”, se pregunta, al relatar cómo su comunidad tuvo que reparar vías intransitables sin ayuda.
Las divisiones dentro del movimiento indígena se profundizan. Un líder de Corinto advierte que solo una minoría accede a los recursos, mientras el resto se enfrenta al abandono: “Esa plata se pierde en el camino. A nosotros no nos llega ni para un machete. Les dan todo a 10.000 personas, y los demás, los que trabajamos, nos quedamos con hambre”.
Carmelina Páez, referente de Toribío, también cuestiona el uso de los recursos oficiales. “La gran mayoría, unas 190.000 personas, trabajamos duro para ganarnos el sustento, nos rebuscamos el sancocho diario. Pero resulta que solo unos 10.000 son los que piden ayuda, y a esos 10.000 es a quienes les llegan los recursos. ¿Y el resto?”, manifiesta.
La situación se agrava por los constantes enfrentamientos en los resguardos. De acuerdo con cifras de líderes comunitarios, al menos 32 indígenas fueron asesinados durante 2023, muchos de ellos en disputas internas. “Cuando reclaman sus derechos, les responden con balas. Y el Gobierno no ve, o no quiere ver”, señala Marcelino, mostrando imágenes de puentes rotos que han debido reconstruir con sus propios medios.
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La creciente tensión ha generado rupturas incluso por temas culturales. “Nosotros nos independizamos del Cric por varios problemas, uno de ellos fue la convivencia con las iglesias evangélicas, que ellos casi no aceptan; también por problemas de corrupción”, explica Campo.
Mientras tanto, líderes piden que el presidente visite la región. “Que el presidente venga al Cauca y hable con los que no somos del Cric. Que vea cómo vivimos: ancianos de 80 años tumbando árboles para sacar el café, niños sin escuela, caminos hechos a pala”.
Marcelino concluye con una frase que resume el sentir de muchos: “Nosotros no tenemos miedo. Seguiremos luchando, pero queremos que el país sepa la verdad: el Cauca está dividido y el Cric ya no nos representa”.
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