Las autoridades de Barranquilla han redoblado esfuerzos para combatir el reclutamiento ilegal de menores, un delito que afecta gravemente a la niñez y adolescencia en la región.
Según informó la Policía Metropolitana, este jueves 17 de abril se publicó un cartel con los nombres y rostros de tres personas señaladas como responsables de esta práctica ilícita. Los individuos son buscados por su presunta participación en el alistamiento de jóvenes para integrar estructuras criminales que operan en el área metropolitana.
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Entre los sospechosos identificados se encuentran Diofaner Delgado Montejo, conocido como alias Jhon Heder; Luis Hernán Medina Mestizo, alias El Chichero; y William Alfonso Guerrero Galván, alias Fercho.
Estas personas son requeridas por las autoridades debido a su presunta implicación en la captación de menores, quienes son utilizados para actividades delictivas como el microtráfico, la extorsión y los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’.
La publicación del cartel forma parte de una estrategia liderada por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, cuyo objetivo principal es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Según detalló la institución, esta iniciativa busca no solo capturar a los responsables, sino también generar conciencia en la ciudadanía sobre la gravedad de este delito y la importancia de proteger a los menores de edad.
En este contexto, la Policía ha hecho un llamado a la comunidad para que colabore con información que permita localizar y detener a los sospechosos. Para ello, se ha habilitado la línea segura 323 2757007, donde los ciudadanos pueden reportar datos de manera confidencial.
El reclutamiento forzado sigue cobrando vida en Colombia, especialmente en Cauca, Nariño y Huila. Los actores armados ilegales han perfeccionado este mecanismo para perpetuar su control territorial y alimentar el conflicto armado.
Según un informe de Indepaz, a pesar de los acuerdos de paz y los esfuerzos institucionales, comunidades vulnerables, incluidas menores de edad e indígenas, siguen enfrentando una realidad devastadora.
Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, “el reclutamiento forzado no solo victimiza a la niñez, sino que captura comunidades completas, fragmentando su tejido social y negando la voluntad individual”.
La Defensoría del Pueblo reportó que en 2024 se registraron 533 casos de reclutamiento forzado en el país, de los cuales 323 involucraron a niños y adolescentes, y 210 a niñas, destacando que 267 de las víctimas provenían de comunidades indígenas.
En 2025, la tendencia se agudizó, con nueve de los trece menores reclutados en los primeros meses siendo niñas, lo que resalta las violencias de género inherentes a este fenómeno.
En el departamento del Huila, la situación es igualmente alarmante. En 2024, se registraron 409 casos de reclutamiento de menores, lo que representa un incremento con respecto al año anterior.
Este departamento ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a incidentes de reclutamiento forzado, detrás de Cauca, Putumayo y Valle del Cauca. Las autoridades locales han identificado municipios como La Plata y Guadalupe como zonas de alto riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales.
Estos grupos emplean métodos de seducción, ofreciendo armas, motocicletas, teléfonos celulares y dinero a los menores, lo que genera una falsa sensación de poder y pertenencia.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, como el programa Escuelas Seguras y la estrategia G-24, la lucha contra el reclutamiento forzado sigue siendo un desafío complejo, exacerbado por la falta de presencia estatal y la presencia de economías ilícitas en las regiones más afectadas.
En un contexto de creciente violencia, la denuncia de Deisy Dorelly, víctima de reclutamiento forzado y abuso sexual por parte de las extintas Farc, resalta otra arista de este fenómeno: la intimidación y las amenazas a quienes se atreven a hablar públicamente sobre los abusos sufridos durante el conflicto armado.
Dorelly fue amenazada tras reaccionar a una publicación en redes sociales de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, líder del partido político Comunes. La reacción fue un gesto que la víctima interpretó como un símbolo de amenaza, utilizado históricamente por las Farc para intimidar a sus víctimas.
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