Alcalde de Barranquilla enfrenta investigación por presuntas irregularidades en nombramientos de su gabinete

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, fue interrogado por la Fiscalía General de la Nación, el 22 de enero de 2025, en medio de una investigación que lo vincula con presuntas irregularidades en el nombramiento de cuatro altos funcionarios de su administración.

De acuerdo con información revelada por el diario El Espectador, la citación se deriva de una denuncia presentada en junio de 2024, en la que se señala que Char habría incurrido en los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

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Según la denuncia interpuesta por el ciudadano José Raúl Rodríguez Jiménez, los hechos investigados están relacionados con la designación de cuatro exconcejales de Barranquilla en cargos clave de la administración distrital.

Los funcionarios señalados son Elania Redondo Peña, secretaria Distrital de Gestión Humana; Andrés Felipe Rengifo Lemus, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana; Juan Carlos Ospino Acuña, secretario Distrital de Cultura y Patrimonio; y Richard Manuel Fernández Barraza, jefe de la Oficina de Asuntos Portuarios.

El documento detalla que los cuatro funcionarios mencionados ejercieron como concejales de Barranquilla durante el periodo 2020-2023 y posteriormente se postularon nuevamente al Concejo para el periodo 2024-2026. Sin embargo, tras no ser reelectos en las elecciones regionales, el entonces alcalde electo, Alejandro Char, los designó en enero de 2024 en los mencionados cargos de su administración.

La denuncia también argumenta que estos nombramientos habrían violado el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades para funcionarios públicos. “El alcalde Alejandro Char profirió los actos administrativos para nombrar a los antes mencionados en los cargos relacionados después de haber perdido sus espacios en el concejo de Barranquilla (...)”, señala la denuncia.

Este régimen establece que los concejales, al finalizar su periodo o dejar de ser servidores públicos, deben esperar un plazo de 12 meses antes de ocupar un cargo público. Además, se exige que renuncien a sus respectivos partidos políticos para poder asumir nuevas funciones en el sector público.

“Char desconoció, muy a pesar del cuerpo de asesores con los que cuenta en su administración, el Régimen de inhabilidades e Incompatibilidades para funcionarios públicos. Allí se señala que los concejales, al salir del cargo o dejar de ser servidores públicos, tienen que esperar 12 meses para poder ocupar un cargo público y, de igual manera, haber renunciado a sus respectivos partidos”, agrega el documento.

Por otro lado, el documento señala que tanto Char como los exconcejales tenían pleno conocimiento de estas disposiciones legales. “De igual forma conocían de pleno que al aceptar un cargo público incurrían en una causal de inhabilidad contemplada en el artículo 43 de la Ley 599 de 200, numerales 1 y 2”.

En este sentido, se argumenta que los nombramientos constituyen una vulneración del artículo 43 de la Ley 599 de 2000, que regula las inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de funciones públicas.

Interrogatorios y recolección de pruebas

El Espectador informó que, además del interrogatorio al alcalde Alejandro Char, la Fiscalía también citó a los cuatro funcionarios señalados en la denuncia: Fernández, Ospino, Rengifo y Redondo. Según el ente investigador, estas diligencias tenían como objetivo que los implicados se pronunciaran sobre los señalamientos en su contra.

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía también realizó diligencias en el Concejo de Barranquilla para obtener documentos que acrediten que los funcionarios denunciados ejercieron como concejales durante el periodo 2020-2023. Asimismo, se solicitó a la Alcaldía de Barranquilla las actas de posesión de los cuatro exconcejales en sus actuales cargos.

Un informe del investigador de campo, fechado el 2 de abril de 2025, fue remitido al despacho del fiscal encargado del caso. Este informe incluye las declaraciones rendidas por los denunciados y otros elementos recopilados durante la investigación.