La polémica sobre el futuro del sistema de transporte masivo en la capital colombiana volvió a escalar esta semana, luego de que el presidente Gustavo Petro citara un estudio técnico que cuestiona la efectividad del metro elevado que actualmente se construye en Bogotá.
La controversia, sin embargo, no es nueva. Desde que era alcalde, Petro ha defendido la construcción de un metro subterráneo como la alternativa más eficaz para la ciudad. Hoy, ya como jefe de Estado, retoma el debate con argumentos técnicos a su favor, en medio de una confrontación abierta entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá.
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Todo comenzó con un informe realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), contratado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 2023. Dicho estudio concluye que el sistema de metro elevado, tal como está diseñado, lograría reducir apenas un 35% del tiempo de viaje que podría ahorrarse con un sistema subterráneo. A esto se suma una estimación preocupante: de no haberse suspendido en 2016 el proyecto subterráneo, el costo total habría sido menor que el que ahora se proyecta para la versión elevada.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue la primera en citar los hallazgos del informe durante un pronunciamiento el 9 de abril. Según explicó, un metro subterráneo permitiría minimizar de forma considerable las interferencias del tráfico urbano y otras barreras en superficie, lo que se traduce en un ahorro de tiempo casi tres veces mayor que el ofrecido por el diseño elevado. La funcionaria insistió en que el análisis técnico corrobora las advertencias hechas por el presidente desde hace años.
Fue en este contexto que el presidente Gustavo Petro decidió intervenir directamente en el debate. A través de su cuenta de X, el mandatario compartió su opinión sin rodeos:
“De acuerdo al estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratado por la ANI, el metro elevado que actualmente se construye, solo disminuirá un 35% el tiempo de viaje que podría reducirse con el metro subterráneo, y al parecer, valdrá mucho más caro que el proyecto subterráneo si a este no lo hubieran suspendido en el año 2016″, escribió.
Y agregó: “Bogotá quedó en manos de una dirigencia en extremo chambona por puro sectarismo. Dejó a Bogotá sin transporte masivo poderoso y sin agua. Una ciudad así, comienza a morir”.
Por su parte, la Red Académica de Movilidad (RAM), un grupo de académicos y expertos en urbanismo, le envió una carta al presidente el 12 de marzo en la que le pedían mayor rigor en sus afirmaciones, y en especial, que fuera “preciso con las fuentes” para no generar “un ambiente negativo” alrededor del proyecto. En el texto, conocido por Semana, la RAM advertía que seguir cuestionando la utilidad del metro en construcción podría afectar su apropiación ciudadana y su futura operación.
La respuesta del Ministerio de Transporte no se hizo esperar. En una carta de tono igualmente fuerte, la cartera respaldó al presidente Petro asegurando que “tiene todos los soportes técnicos” para sostener sus críticas al proyecto elevado.
Eficiencia, costo y futuro del metro
Entre los principales hallazgos del estudio destaca que el ahorro monetario en tiempo de desplazamiento que ofrecería la alternativa subterránea sería de 11,2 billones de pesos, frente a apenas 3,9 billones del sistema elevado. Además, se señala que los beneficios de largo plazo del metro subterráneo superan ampliamente los de la versión en construcción, tanto en términos de reducción de emisiones contaminantes como en operación vehicular.
A nivel financiero, el Gobierno asegura que el proyecto no está en riesgo. Según el Ministerio, desde 2020 hasta la fecha se han desembolsado más de 1,4 billones de pesos, y la Empresa Metro cuenta con recursos suficientes —provenientes tanto de la Nación como del Distrito— para continuar con las obras sin interrupciones en 2025.
En su respuesta a la RAM, el Ministerio de Transporte también se mostró crítico del enfoque académico que, según ellos, minimiza los impactos negativos del diseño elevado. “Los comentarios imprecisos del proyecto pueden generar alarmismo innecesario y falsas expectativas en la opinión pública. Se esperaría que un grupo académico buscara contribuir positivamente con sus comunicados y no inducir interpretaciones erradas”, señala el documento oficial.
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