El secuestro de al menos setenta personas en la región del Catatumbo, acusadas de colaborar con grupos armados rivales, y la retención de más de 18 personas en Arauca, pusieron en el centro del debate las prácticas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según informó la Defensoría del Pueblo, estas acciones, que incluyen fines extorsivos y represalias, constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y, en palabras de la defensora del Pueblo, Iris Marín, representan crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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Es así que el órgano de control se refirió al caso de Clara Serrano, secuestrada hace un mes en Río Oro, Cesar, ilustra la magnitud del problema. Serrano fue retenida por el ELN mientras intentaba negociar la liberación de su hermano, quien también había sido secuestrado por el grupo armado el 7 de noviembre de 2024.
Según relató Marín, el ELN liberó al hermano de Serrano con la condición de que consiguiera el dinero exigido para el rescate: “La dejaron a ella y lo dejaron libre a él para que consiguiera el dinero”, indicó la funcionaria.
La Defensoría del Pueblo también destacó otros casos emblemáticos que permanecen sin resolución. Entre ellos, el de Jenny Salazar Zabaleta, exalcaldesa de Tamalameque, quien fue secuestrada el 21 de febrero, y el de Kevin Patarroyo Gómez, un joven que cumplió 19 años mientras estaba en cautiverio. Según el organismo, estos secuestros, al igual que el de Clara Serrano, tienen como objetivo principal la extorsión económica.
En el Catatumbo, la situación es aún más alarmante. Según detalló la Defensora, “desde la escalada del 16 de enero del ELN en contra de la población del Catatumbo en la confrontación contra las disidencias del frente 33 de las Farc. El ELN secuestró muchas personas, y muchas de ellas no han sido puestas en libertad. El estimado de nuestros equipos regionales es de más de 50 personas".
Estas retenciones, que se suman a los casos en Arauca, evidencian un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
Estadísticas preocupantes sobre el secuestro en Colombia
Entre enero y febrero de este año, se han registrado 40 secuestros en el país, de los cuales 31 fueron catalogados como extorsivos y nueve como secuestros simples.
Aunque estas cifras representan una disminución en comparación con los dos años anteriores, la defensora del Pueblo advirtió que el secuestro sigue siendo una práctica recurrente y devastadora.
Según Marín, esta actividad no puede justificarse bajo el argumento de ser parte de un conflicto político, como sostiene el ELN. “La conexión entre el secuestro y los delitos políticos que el ELN dice cometer no existe”, afirmó Marín. “Cuando estas acciones se realizan de forma sistemática y a gran escala, se convierten en crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas. Según el organismo, el impacto de estas prácticas no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un profundo daño emocional y económico en sus familias.
Marín resaltó que el secuestro, además de ser una violación flagrante de los derechos humanos, perpetúa un ciclo de violencia que dificulta los esfuerzos por alcanzar la paz en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
En su pronunciamiento, la Defensoría reiteró la necesidad de que el ELN abandone de manera definitiva el secuestro como herramienta de presión política y económica. Asimismo, instó al gobierno a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de las comunidades y fortalecer las estrategias de prevención y atención a las víctimas de este delito.
El panorama descrito por la Defensoría del Pueblo pone de manifiesto la complejidad del conflicto armado en Colombia y la urgencia de adoptar medidas efectivas para proteger los derechos fundamentales de la población. Mientras tanto, las familias de las personas secuestradas continúan enfrentando una incertidumbre que, en muchos casos, se prolonga durante meses o incluso años.
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