Tres exministros de Gustavo Petro fueron llamados por la Corte Suprema a declarar por el escándalo de corrupción de la Ungrd

Este miércoles 2 de abril de 2025 se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a tres exministros del Gobierno Petro: se trata de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo; y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y Crédito Público.

El llamado tiene que ver con la investigación que adelanta el alto tribunal en contra de cinco congresistas y un excongresista de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La Corte Suprema de Justicia investiga por estos hechos a Karen Astrith Manrique, Liliana Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera (excongresista) y Juan Pablo Gallo.

El objetivo es que los tres exministros brinden información del manejo que hicieron desde sus respectivas carteras con los citados congresistas y excongresista, que, según el alto tribunal, los investigados habrían aprovechado su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), para presuntamente emitir conceptos positivos “a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd”.

“En concreto, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, indicó la Corte Suprema.

Según una de las pruebas presentadas por el alto tribunal, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, la Cicp emitió 13 de los 18 conceptos que el Ministerio de Hacienda sometió a su evaluación a lo largo de 2023.

Pronunciamiento de Luis Fernando Velasco

En conversación con El Tiempo, el exfuncionario, que salió del Gobierno nacional en junio de 2024, aseguró que el 4 de diciembre de 2023 coincidió con López en una reunión habitual de gabinete conocido como ‘comité político’.

“A mí sí me hubiese parecido más prudente que la Fiscalía frente a la declaración de Olmedo López hubiese tenido más en cuenta que eso no era una reunión con Olmedo sino una reunión del comité político, donde asistieron cinco ministros y asistió el secretario jurídico que hoy es magistrado de la Corte Constitucional. En una reunión donde había 9 personas lo más prudente es que se llame a esas personas y se les consulte, antes de hacer una afirmación categórica. Porque Olmedo está haciendo unas declaraciones buscando obtener unos beneficios”, afirmó Velasco al citado medio.

El exministro del Interior explicó que es respetuoso de las decisiones de la justicia; sin embargo, precisó que para él y su equipo jurídico “será fácil demostrar las mentiras de Olmedo López”.

En su interrogatorio, López afirmó que Velasco supuestamente le manifestó ese 4 de diciembre de 2023 que él debía “cumplirle a unos congresistas de la Comisión Primera del Senado” para los “votos por contratos”.

Al respecto, Luis Fernando Velasco le manifestó a El Tiempo que “para mí es importante algo: que se tenga claro que a mí no le están involucrando con pérdida de dineros ni coimas. De hecho la misma Fiscalía cuenta que el mismo contrato que mencionan nunca se concretó”.

Por otro lado, tanto López como Pinilla aseguraron que el exministro Ricardo Bonilla estuvo involucrado en actos de corrupción en la entidad, indicando que, habría dado la autorización a su entonces asesora María Alejandra Benavides Soto de gestionar la entrega irregular de contratos que juntos superan los $90.000 millones. De igual manera, habría autorizado a Sneyder Pinilla para direccionar convenios.

Pese a las acusaciones que hay en contra de los exfuncionarios del Gobierno Petro, ambos han negado cualquier vinculación con irregularidades cometidas dentro de la entidad.

En el caso de Carlos Ramón González, la Fiscalía indicó que, presuntamente, se encargó de dar la orden para que se entregaran contratos de $60.000 millones para beneficiar a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. Además, habría solicitado a la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz gestionar la entrega de miles de millones de pesos a Name.