Salud de los colombianos está en riesgo por crisis en el sistema

Diana García volvió a un dispensario farmacéutico de la capital colombiana, pero salió de allí nuevamente con las manos vacías.

Se ha convertido en algo cotidiano frente a los Audifarma y otros gestores farmacéuticos en las principales ciudades, como Bogotá y Cali, donde decenas de personas hacen fila con fórmulas médicas, pero se van sin la medicina necesaria.

García buscó la semana pasada el medicamento que su hijo de 14 años, que padece una discapacidad mental severa, necesita para evitar que se haga daño y que pase noches en vela hablando y dando vueltas.

“Hoy vine y la chica me dice que el medicamento está agotado, hasta nueva orden”, explicó, visiblemente frustrada después de que le hubieran entregado las pastillas solo una vez en lo que va del año. Su último intento había sido dos semanas antes.

García no es la única. Unos minutos antes, una mujer gritaba: “No lo hay, no lo hay. ¿Y mi mamá? Se muere el paciente y ¿qué? Nadie responde”.

La raíz del problema es la falta de liquidez. Grupos de salud y de la industria afirman que los retrasos del gobierno en los pagos y transferencias insuficientes han ahogado a las empresas en deudas y les han obligado a dejar de prestar servicios. Pero el presidente Gustavo Petro, que quiere ampliar el papel del Estado en el sistema, sostiene que los dispensarios están acaparando los medicamentos con el fin de culpar a su administración y entorpecer sus esfuerzos de reforma.

Petro, el primer presidente de izquierda del país andino, fue elegido con la promesa de transformar radicalmente su modelo económico conservador. Pero los legisladores y las cortes se han opuesto a la mayoría de sus intentos de reforma social. Así que el presidente se ha pronunciado de manera insistente y buscado medidas alternativas para implementar su agenda, incluyendo una consulta popular y enfrentamientos con empresas privadas.

La Corte Constitucional de Colombia ha declarado insuficiente la fórmula que utiliza el Gobierno para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se paga a las aseguradoras de salud. Esto ha causado que las empresas, conocidas como entidades promotoras de salud o EPS, vayan hacia un desfaz de más de 20 billones de pesos (US$4.800 millones) entre este año y el anterior, según ACEMI, la asociación que representa a varias de ellas.

A su vez, se le debe a los dispensarios farmacéuticos más de 4 billones de pesos, advirtió la entidad gremial Fenalco la semana pasada. Y eso ha provocado que los inventarios caigan por debajo del promedio histórico.

No es una “escasez”

Las aseguradoras no tienen fondos para proporcionar tratamiento y comprar medicamentos, según Luz Victoria Salazar, que dirige Acopel, una asociación que representa a pacientes con enfermedades huérfanas. “No es desabastecimiento”, dijo. “El tema es que no hay el medicamento disponible para entrega a pacientes porque no les han pagado a las EPS”.

En una reunión de gabinete televisada el 25 de marzo que se centró en la crisis de la salud, Petro dijo que su gobierno no pagará “las deudas de los privados”. Añadió que las aseguradoras de salud deben saldar sus propias cuentas con “las clínicas y hospitales, o se liquidan, como la norma lo dice”.

El Gobierno ya ha intervenido a varias aseguradoras de salud, incluidas las dos más grandes: Nueva EPS y EPS Sanitas. Más del 60% de la población se encuentra afiliada en EPS con medida de control, según cifras oficiales.

Tanto la oficina de Petro como el Ministerio de Salud remitieron las solicitudes de comentarios sobre la crisis de medicamentos a la agencia de control conocida como Superintendencia de Salud. En respuesta, Supersalud señaló los comentarios de su director, Giovanny Rubiano, que habló en la misma reunión de gabinete que Petro.

El hecho de que los pacientes no estén recibiendo medicación no es un problema nuevo, dijo, culpando al sistema de salud de “dar prioridad al mercado sobre los seres humanos” y obligando al gobierno a intervenir. Mientras existan contratos, no hay excusa que “anule el derecho fundamental a la salud” añadió. “Los usuarios deben recibir sus medicamentos de manera oportuna y completa”.

La falta de acceso a los servicios y a los medicamentos no ha pasado desapercibida. Las quejas sobre el sistema de salud de Colombia, que tenía una de las tasas de gasto de bolsillo más bajas del mundo y era un motivo de orgullo nacional, han aumentado más del 75% en los últimos dos años, según la Defensoría del Pueblo, el organismo independiente de vigilancia de los derechos humanos del gobierno.

Y en una encuesta de Invamer el mes pasado, el 19% de los encuestados dijo que la atención sanitaria era el mayor problema del país, situándolo en tercer lugar después de la inseguridad y la economía. Esa cifra estaba por debajo del 7% en la encuesta anterior de noviembre.

García siente impotencia al escuchar los mensajes contradictorios del gobierno y los proveedores de servicios. “Hasta el gobierno nos tiene botados. Se echan la culpa entre ellos. De igual manera, nosotros tenemos que solucionar el problema porque ¿de qué otra manera lo vamos a solucionar?”, dijo.

Como ella, casi la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos que el salario mínimo mensual. Así que, aunque muchas de las medicinas están disponibles para compra en las farmacias, el costo hace que sea complejo conseguirlas o son simplemente inalcanzables.

García viene gastando 32.000 pesos cada 10 días para comprar tabletas de respiridona para su hijo, Luis Ángel. Cuando no se la toma, se agita y la llaman al colegio para que lo recoja antes. Aunque le cuesta llegar a fin de mes (gana 40.000 pesos al día limpiando una peluquería), García dice que no tiene opción. “Mi hijo está todo moreteado, está mordido, está vuelto nada”.

“Abiertamente combativo”

La lista de medicamentos no disponibles incluye algunos que la gente toma a diario para la presión arterial o tratamientos para el colesterol alto, según Andrés Vecino, profesor asociado de investigación de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, que citó evidencia anecdótica.

En su fallo sobre la fórmula para el cálculo de la UPC anteriormente este año, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno tomar medidas correctivas. Hasta ahora, la administración de Petro no lo ha hecho.

“El hecho de que el gobierno sea tan abiertamente combativo con la Corte ha enviado una señal a todos los actores del sistema de que esto no va a mejorar”, dijo Vecino, prediciendo que la crisis seguirá obligando a la gente a aumentar los gastos de su propio bolsillo. “Ese mensaje es muy dañino”.

Los pacientes empezaron a sufrir interrupciones en sus tratamientos el año pasado, pero se ha vuelto “crítico” desde principios de 2025, según Salazar, del grupo de derechos de los pacientes. “Es muy doloroso”, dijo, y añadió que el gobierno aún no ha dado ninguna “indicación del camino a una solución”.

Mientras tanto, en el dispensario Audifarma del barrio Restrepo de Bogotá, no todo el mundo se va con las manos vacías. Muchos llegan con una lista de medicamentos que reclamar. Les surten una o posiblemente dos fórmulas, pero incluso entonces no siempre con todas las dosis solicitadas por el médico.

A Humberto Vanegas, de 80 años, le preocupa que, aunque consiguió algunos medicamentos para su esposa Lila, de 67 años, que está postrada en cama y padece lupus, no pudo conseguir hidromorfona, un opioide para controlar su dolor crónico.

“Hace días que no lo entregan, que no hay”, dijo. “¿Qué hace uno?”

Y al igual que él, Blanca Solórzano, de 77 años, lleva dos meses intentando conseguir medicamentos para controlar su tiroides hiperactiva, sus niveles de glucosa y sus pulmones afectados por años de asar arepas en la calle.

No tiene medios para pagar la medicación de su bolsillo, explicó.

“Estoy mal, me siento asfixiada”, dijo Solórzano. “A ver si se apiadan de nosotros. Es la salud de uno”.

Nota original: Patients Are Being Denied Medicines in Festering Colombia Health Crisis

Traducción editada por Malu Poveda.