Procuraduría anunció mayor vigilancia al servicio de aseo en Soacha, tras denuncias contra operador Urbaser

La Procuraduría General de la Nación realizó una mesa de trabajo preventiva con autoridades locales, la Superintendencia de Servicios Públicos y el operador Urbaser S.A. E.S.P., ante las quejas ciudadanas sobre la prestación del servicio público de aseo en Soacha.

El encuentro tuvo como objetivo abordar las inquietudes de la comunidad sobre la frecuencia de recolección de residuos, los cobros por el servicio de barrido establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), y las dificultades para verificar la periodicidad de las podas de zonas verdes. Estos aspectos, según la Procuraduría, han generado malestar entre los usuarios y afectan la calidad del servicio.

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Durante la jornada, la Superintendencia de Servicios Públicos señaló que adelanta labores de inspección, vigilancia y control sobre el operador, incluyendo un seguimiento al régimen tarifario que aplica Urbaser S.A. E.S.P. El organismo también fue requerido por el Ministerio Público para informar sobre las acciones desarrolladas en este proceso.

La Procuraduría indicó que mantiene una vigilancia permanente sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), en cumplimiento de los lineamientos de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En la mesa de trabajo, liderada por la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, se logró la articulación entre la administración municipal y el operador del servicio, quienes acordaron instalar mesas técnicas para definir medidas correctivas. Estas mesas iniciarán el 9 de abril de 2025.

La alcaldía de Soacha se comprometió a entregar al operador los soportes documentales que describen el estado actual del servicio, con el fin de facilitar la toma de decisiones orientadas a mejorar su calidad.

El Ministerio Público reiteró la importancia de garantizar una adecuada gestión de los recursos públicos y de asegurar un servicio eficiente, en respuesta a las inquietudes ciudadanas.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Blanca Yoli Reyes Carrillo, expresidenta del Concejo Municipal de Fusagasugá (Cundinamarca) durante el periodo 2020–2023, por presuntamente omitir la respuesta a un derecho de petición que fue radicado el 27 de julio de 2023.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá señaló que la solicitud fue presentada a través de la página web institucional y que, al parecer, la entonces funcionaria no adoptó medidas para verificar su recepción ni gestionó el trámite correspondiente. La petición, relacionada con temas de la Secretaría de Movilidad, contaba con número de radicado oficial, lo que acreditaba su ingreso formal.

Según el Ministerio Público, habrían transcurrido los diez días hábiles establecidos por la ley sin que se produjera respuesta, lo cual podría configurar una falta en el deber de atención oportuna a los ciudadanos. La omisión habría derivado en el incumplimiento del término legal para resolver este tipo de requerimientos.

Además, el pliego de cargos incluye a Lina Marcela Gómez Romero, secretaria del Concejo en 2023, por supuestamente no informar a Reyes Carrillo sobre la llegada del documento. Esta falta de comunicación habría contribuido a que no se emitiera respuesta en el plazo estipulado.

El órgano de control consideró que ambas funcionarias habrían vulnerado los principios de celeridad y economía administrativa y actuado con aparente falta de diligencia. En consecuencia, la Procuraduría calificó de forma provisional las conductas como faltas graves, cometidas a título de culpa grave.

El proceso disciplinario se encuentra en curso. La Procuraduría deberá determinar si hubo responsabilidad por parte de las investigadas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

El Ministerio Público también formuló pliego de cargos a la docente adscrita a la secretaría de educación de Bogotá, Yancelly Leal, por presunto uso de títulos académicos falsos.