Sindicatos del Acueducto de Bogotá protagonizan marchas por mal servicio de EPS Compensar

Según denuncian los trabajadores, la promotora de salud les recortó recursos para la atención de patologías y enfermedades crónicas

Las marchas iniciaron en la sede del Acueducto de Bogotá y se extendieron por toda la avenida Las Américas hasta la carrera séptima - crédito Bogotá Tránsito
Las marchas iniciaron en la sede del Acueducto de Bogotá y se extendieron por toda la avenida Las Américas hasta la carrera séptima - crédito Bogotá Tránsito
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Fuertes congestiones se presentan en el centro de Bogotá, después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores y/o Servidores Públicos (Sintraemsdes) citara a sus miembros de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para marchar contra la EPS Compensar.

Según indicaron los manifestantes, estarían enfrentando fuertes problemas a la hora de acceder a los servicios de salud ofrecidos por la EPS Compensar, por lo que exigen medidas urgentes para mejorar la atención y la entrega de medicamentos.

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Sin embargo, los trabajadores del sector de servicios públicos y las comunicaciones también se movilizan con el objetivo de rechazar los despidos masivos y la creciente precarización laboral que afecta a los empleados en diversas empresas del sector.

Entretanto, el centro de Bogotá ha visto afectada la movilidad y las autoridades de tránsito recomendaron tomar rutas alternas a la carrera Séptima.

Se presentan bloqueos por manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad: Carrera 8 con calle 11 - Carrera 7 con calle 34. Autoridades realizan acompañamiento en cada unos de los puntos”, señaló Bogotá Tránsito.

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Según información entregada por el sindicato, los manifestantes llegarán hasta el Ministerio del Trabajo y el Ministerio TIC, donde pedirán al Gobierno nacional que actúe y suspensa los despidos de 81 trabajadores de UNE EPM Telecomunicaciones, argumentando que la empresa ha utilizado el pretexto de una reestructuración para justificar los despidos sin base legal.

La situación ha generado preocupación entre los sindicatos, quienes advierten sobre los riesgos de un modelo laboral que amenaza los derechos de los trabajadores, especialmente en un contexto donde las multinacionales aplican políticas de despido sin considerar las garantías laborales establecidas por la ley.

En paralelo, los líderes sindicales también han manifestado su rechazo a los bloqueos que afectan las reformas sociales, particularmente aquellas relacionadas con el sistema de salud.

Durante una movilización previa, el 18 de marzo, los sindicatos denunciaron el impacto negativo de los cambios sociales y la especulación de las EPS con medicamentos, lo que agrava aún más las condiciones laborales y de vida de la población colombiana.

A pesar de las dificultades, los sindicatos han logrado, mediante convenios colectivos, acceder a beneficios en diversas empresas como EAAB-ESP, EPM y Emcali.

Sin embargo, el sindicato aseguró que estos logros se ven amenazados por el deterioro progresivo del sistema de salud y los recortes en los derechos laborales, por lo que exigen una respuesta clara del Gobierno y las empresas para frenar los despidos injustificados y garantizar condiciones laborales dignas.

Entretanto, El Ministerio del Trabajo ha decidido intervenir directamente en el caso de despido masivo solicitado por la multinacional Millicom para 81 empleados de UNE EPM Telecomunicaciones, tras una solicitud presentada por la organización sindical Sintraemsdes Nacional.

Según informó la Junta Nacional de Sintraemsdes, la decisión fue oficializada mediante el auto número 0020 del 11 de marzo de 2025, firmado por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Luisa Fernanda Gómez. Este documento establece que el caso cumple con los requisitos para la aplicación del “poder preferente”, una medida que permite priorizar trámites de alto impacto social y económico.

La resolución implica que el expediente será trasladado a la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo en Bogotá, dejando en manos de esta instancia la evaluación técnica y económica de la solicitud de despido colectivo. Según el Ministerio, la decisión deberá fundamentarse en criterios que trasciendan los argumentos de reestructuración organizacional, reubicación de empleados o reconversión laboral presentados por la empresa.

El “poder preferente” es una herramienta jurídica que permite a las entidades públicas priorizar ciertos casos que tienen un impacto significativo en la sociedad.

En el contexto del Ministerio del Trabajo, esta facultad está regulada por el Decreto 1071 de 2015, específicamente en los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.3.1.4. Según detalló Sintraemsdes, la solicitud de aplicar esta medida fue presentada el 21 de febrero de 2025 por el presidente de la organización sindical, Humberto Polo Cabrera.

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