El ritmo de contratación en el Ministerio del Deporte alcanza casi tres contratos por día, Patricia Duque está bajo la lupa

El Ministerio del Deporte enfrenta una nueva fase de reestructuración en medio de un panorama complejo. Con la llegada de Patricia Duque a la cabeza de la cartera, el principal reto es reorganizar los procesos de contratación en un contexto de recorte presupuestal superior al 50%, lo que equivale a $866.000 millones menos que en 2024. Esta drástica reducción de recursos obligó a tomar medidas extraordinarias para evitar la paralización de proyectos clave.

Desde su nombramiento, la ministra Duque centró su gestión en la revisión detallada de los contratos vigentes y la planificación de los que están próximos a vencer. Entre sus decisiones está la firma de una resolución que habilita los días 22, 23, 24, 29 y 30 de marzo exclusivamente para actualizar más de 300 contratos que expiran el 31 de marzo, sumando un total de $1.000 millones. Esta medida busca garantizar la continuidad de compromisos adquiridos previamente y evitar que recursos destinados a proyectos deportivos se pierdan por falta de gestión administrativa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La contratación en el Ministerio del Deporte es un tema de constante revisión desde agosto de 2022. En ese periodo, han pasado cuatro ministras por la cartera: María Isabel Urrutia, Astrid Bibiana Rodríguez, Luz Cristina López y, actualmente, Patricia Duque. Según información de El Espectador, durante este tiempo se firmaron 2.559 contratos, con un notable aumento en 2023, cuando la cifra alcanzó los 1.045, y en 2024 con 1.375. En lo que va de 2025 ya se han suscrito cerca de 70 contratos, el de mayor valor por $109 millones. Esto representa un promedio de 2,8 contratos diarios, lo que demuestra la magnitud de la administración de recursos dentro del ministerio.

Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión contractual es la alta participación de las Juntas de Acción Comunal (JAC). De los más de 300 contratos en proceso de actualización, 195 corresponden a convenios con estas organizaciones, un patrón que se repitió en 2024 con la firma de 198 contratos, cada uno por $150 millones. Para la oposición, esta estrategia responde a una política del Gobierno de irrigar fondos públicos a los territorios con un posible interés electoral, mientras que la administración defiende estos convenios como mecanismos de apoyo directo a las comunidades.

El recorte presupuestal también afectó eventos deportivos de gran relevancia, como los Juegos Intercolegiados, cuya realización está prevista para noviembre. Para asegurar su desarrollo, el ministerio tuvo que suscribir 64 convenios de cofinanciación con entidades territoriales, destinando $50.000 millones a la organización del evento. Además, en marzo se realizaron pagos atrasados por un total de $62.106 millones a 38 federaciones deportivas nacionales, al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico. Sin embargo, aún quedan pendientes $8.861 millones por legalizar debido a documentación incompleta y otros $9.713 millones sujetos a la programación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Otro caso que llamó la atención es el de un contrato por $37 millones, firmado para servicios de fisioterapia a deportistas. Este se suscribió tras una orden judicial derivada de una demanda interpuesta por una profesional en período de lactancia, a quien no se le había renovado su contrato. Ante la acción de tutela y un proceso por desacato, el ministerio se vio obligado a firmar el contrato para cumplir con la decisión judicial.

La contratación en el Ministerio de Deporte está bajo la lupa de los entes de control, especialmente después de que la primera ministra del Deporte en el Gobierno de Petro, María Isabel Urrutia, fuera acusada de direccionar un contrato por $4.950 millones para implementar un sistema de control de acceso a estadios de fútbol. Además, antes de dejar su cargo en febrero de 2023, Urrutia firmó 264 contratos por más de $20.000 millones, lo que le valió una indagación por parte de la Procuraduría.

En el ámbito político, Duque ha sido señalada como una cuota de la facción conservadora que respalda al Gobierno de Gustavo Petro. En este grupo también figuran los representantes Alfredo Ape Cuello, Alexánder Quevedo, Fernando Niño y Gerardo Yepes, que fueron sancionados por el Partido Conservador en 2023 tras apoyar la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo. Aunque estos legisladores siguen respaldando las iniciativas del Gobierno, dentro de su partido son criticados por desmarcarse de la línea oficial.

A pesar de los desafíos, la ministra Duque busca fortalecer la relación con los entes deportivos territoriales y las federaciones nacionales, que en el país suman 76. Ha mantenido reuniones con el Comité Olímpico y Paralímpico para coordinar la ejecución de recursos y establecer estrategias que minimicen el impacto del recorte presupuestal en el sector deportivo.

Con un escenario marcado por la incertidumbre financiera y la presión política, la gestión de Patricia Duque será clave para definir el rumbo del Ministerio del Deporte. La actualización de contratos y la optimización de los recursos seguirán siendo los ejes centrales de su administración, mientras los entes de control vigilan de cerca cada movimiento en la cartera.