
En uno de los casos más polémicos de los últimos meses, el juez 74 penal municipal de control de garantías de Bogotá, consideró que solo uno de los capturados de los Rolex, una banda delincuencial que actuaba en Bogotá y Medellín, debía permanecer en prisión.
El juez permitió que nueve de los imputados fueran dejados en libertad y que los tres restantes recibieran el beneficio de prisión domiciliaria, lo que generó indignación en el país, principalmente por las pruebas que fueron presentadas en contra de los capturados.
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Cabe recordar que, dentro del material probatorio había audios y evidencia con los que el ente acusador buscaba que el juez encargado del caso determinará que los imputados debían permanecer en prisión, pero esto no fue así, por lo que la fiscalía apeló la decisión.
“Respaldo y apoyo la petición que hace la Fiscalía de reconsiderar la decisión de dejarlos en libertad porque creemos que sí hay pruebas suficientes en el trabajo liderado por la Sijín para demostrar que estas personas son un peligro para la ciudad. Hay evidencias de los roles asumidos por cada uno para realizar las actividades criminales”, declaró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al respecto.

Buscando conocer la postura de la defensa de los imputados, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Juan José Roldán, representante legal de varios de los imputados, reveló que en algunas de las capturas no se siguió el lineamiento correcto por parte de las autoridades. En uno de los casos, la policía indicó que la captura se registró el 13 de marzo, pero en realidad el sujeto había sido detenido antes.
“El juez que emitió el auto por el cual se ordenó la libertad inmediata de la mayoría de los procesados, obró conforme a derecho, de acuerdo a esa investidura constitucional que lo obliga a ser garante de los derechos connaturales de los imputados, por lo que por parte de la judicatura no se vulneraron derechos, sino más bien que se garantizaron derechos”.
De la misma forma, indicó que el alcalde de Bogotá está violando los derechos de sus defendidos al tomar postura en una labor judicial, desconociendo el derecho de la presunción de inocencia, ya que Galán aseguró que “estas personas sí son un peligro para la sociedad”.
“Este es el momento que la defensa no sabe a ciencia cierta cuándo y dónde se concertaron estas personas, por lo que no es posible realizar una actividad investigativa para corroborar los dichos de la fiscalía. Por parte de la opinión publica y por parte del alcalde de la ciudad de Bogotá, sí se han vulnerado derechos y garantías de los procesados, en el entendido que el mandatario, desconociendo la separación de funciones, pretende entrometerse en la labor judicial sin conocer a fondo lo sucedido en la audiencia pública”.

Sobre los errores que cometió la fiscalía, el jurista indicó que se registraron durante tres momentos procesales, la legalización de captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.
En resumen, Roldán explicó que en uno de los casos no se pudo comprobar la captura en flagrancia, en otro se registró un término ambiguo que impediría una adecuada defensa técnica; además, el abogado aseguró que la fiscalía no pudo demostrar desde cuando se dio el concierto para delinquir ni la inferencia de autoría o participación de algunos de los capturados.
“Las pretensiones de la fiscalía carecían de elementos materiales probatorios, la fiscalía pudo realizar un análisis link (análisis a las líneas telefónicas con el fin de identificar los interlocutores), situación que brillo por su ausencia y no pudo llevar al juez al nivel de conocimiento necesario para la imposición de la medida”, expuso el jurista.

Roldán, que remarcó que no es defensor de todos los capturados, indicó que las autoridades cometieron varios errores al procesar a personas sin tener las pruebas de que estos participaron de alguna forma del accionar delictivo de los Rolex, afectando el buen nombre de estos individuos.
“Se debe destacar que la fiscalía no llego a ese mínimo probatorio a fin de demostrar la autoría o participación de la mayoría de los procesados en los hechos investigados, situación que desencadeno la libertad inmediata de estas personas, por no hallarse relacionados dentro del caso, el juez de instancia se preguntaba sobre las falencias probatorias allegadas por la fiscalía de cara a vincular estas personas en los hechos investigados”.
Por último, pidió respeto por su trabajo y afirmó que hablará por sus defendidos, pero también resaltando que algunos de los imputados quedaron libres por falencias del ente acusador.
“Las falencias de la Fiscalía General de la Nación no le pueden ser atribuidas a nadie distinto a sus delegados, ya que ellos son los titulares de la acción penal, misma que debe ser sustentada en elementos probatorios que se marcaron como ausentes en el caso de los relojeros”, puntualizó.
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