La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, respondió a la solicitud del abogado Felipe Alzate, que pidió prisión domiciliaria para su clienta Andrea Valdés, argumentando que la competencia para autorizar estos traslados recae exclusivamente en los jueces de ejecución de penas.
La petición del defensor se fundamenta en las denuncias de abuso sexual que Valdés presentó contra guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hechos que habrían ocurrido en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
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Según informó El Tiempo, la reclusa denunció haber sido víctima de múltiples episodios de violencia sexual el año pasado, lo que motivó su traslado a otras cárceles para alejarla de los presuntos agresores.
En su respuesta, Buitrago enfatizó que el Ministerio de Justicia no tiene la facultad de intervenir en decisiones judiciales sobre traslados.
“Son los centros de reclusión nacional los lugares donde la persona privada de la libertad debe pagar su condena, a menos que medie una orden judicial del juez competente de ejecución de pena que autorice el traslado”, señaló en la misiva.
El abogado de Valdés solicitó la prisión domiciliaria para garantizar su seguridad y evitar cualquier contacto con personal del Inpec. No obstante, la ministra reiteró que esta decisión depende exclusivamente de la Judicatura y no del Ministerio.
Añadió que si bien se han tomado medidas para proteger a la reclusa, su despacho no puede interceder en este tipo de solicitudes.
En la carta, Buitrago también desmintió las afirmaciones del abogado Alzate, quien había señalado que la ministra había visitado a Valdés en la cárcel El Pedregal.
“No he sostenido reuniones personales con Andrea Esperanza Valdés, ni he recibido directamente manifestaciones sobre conductas ilícitas ocurridas dentro o fuera del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Medellín, Pedregal”, afirmó la funcionaria en su comunicación oficial.
Este pronunciamiento busca aclarar cualquier malentendido respecto a la relación entre la ministra y la denunciante, así como reafirmar la independencia de las investigaciones en curso.
Según detalló la fuente citada, la ministra destacó que se han implementado acciones en coordinación con la Dirección General del Inpec para garantizar la seguridad y el bienestar de Valdés.
Estas medidas incluyen vigilancia permanente sobre aspectos clave como la seguridad, el acceso a la salud, la alimentación y el bienestar integral de las personas privadas de la libertad.
La denuncia de Valdez: habría sido abusada por funcionarios del Inpec
Andrea Esperanza Valdez Contreras, una reclusa de 30 años, denunció haber sido víctima de dos agresiones sexuales por parte de guardianes del Inpec en agosto y septiembre de 2024.
Según su testimonio, los ataques no solo dejaron profundas secuelas físicas y psicológicas, sino que también resultaron en un embarazo no deseado, seguido de un intento de aborto forzado.
De acuerdo con información publicada por El Espectador, Valdez relató que el primer ataque ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando un guardián ingresó a su celda durante la noche.
Vestido con una blusa negra y pantalón azul, el hombre, de acuerdo con el relato, la sujetó por el brazo, la empujó contra la cama y la agredió sexualmente mientras la amenazaba para que no gritara. “Cállese, sapa”, le dijo el agresor, según el testimonio de la víctima. Tras el ataque, el guardián cerró la puerta de la celda y la advirtió que sería asesinada si denunciaba lo ocurrido.
El segundo ataque, según Valdez, tuvo lugar el 5 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 2:00 de la madrugada. En esta ocasión, otro guardián, descrito como un hombre con brackets y nariz prominente, ingresó a su celda y la agredió de manera aún más violenta.
“Fue más atarván, más grosero, y me decía: ‘Perra, hijueputa, cállate, perra, sapa’. Y me tapaba la boca. Pensé que me iba a asfixiar”, narró la reclusa. Según su relato, el agresor la amenazó nuevamente antes de abandonar la celda.
El caso tomó un giro aún más alarmante cuando Valdez descubrió que estaba embarazada como resultado de las agresiones. Según su testimonio, en noviembre de 2024 se desmayó y fue llevada a Sanidad, donde le realizaron exámenes de sangre cuyos resultados nunca le fueron entregados.
Posteriormente, un guardián le sugirió que solicitara ser trasladada al pabellón de gestantes, lo que despertó sus sospechas. Fue entonces cuando se realizó una prueba casera de embarazo, que confirmó su estado.
En su relato, Valdez afirmó que el director de la cárcel, Pablo Yamid Ramírez, la interrogó sobre cómo era posible que estuviera embarazada si no tenía visitas íntimas autorizadas desde 2014. La situación empeoró el 20 de noviembre de 2024, cuando fue llevada nuevamente a Sanidad.
Allí, un médico le ofreció interrumpir su embarazo, pero ella rechazó la propuesta. Días después, tras consumir su almuerzo, experimentó un sangrado vaginal.
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