El Ministerio de Salud y Protección Social aclaró por medio de un comunicado que el Gobierno habría cumplido con los pagos correspondientes para garantizar el suministro de medicamentos en el país, pero señaló que “persisten fallas en la distribución debido a sobrecostos y problemas derivados de la intermediación en el sistema”.
Esta respuesta se dio frente a la fuerte crisis de medicamentos que están viviendo miles de colombianos en distintas ciudades del país, que han reportado tener que madrugar y hacer extensas y demoradas filas para que las farmacias les den sus medicamentos, y, en el peor de los casos, les den la repuesta de que no están provistos de algunos.
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No obstante, según la carta de la cartera de Salud y Protección Social, en los últimos cinco meses, el Gobierno habría girado más de 1,6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de la distribución de medicamentos, entre ellas Cruz Verde, Audifarma, Disfarma y Helpharma.
Incluso, comunicaron que en el mes marzo, estas compañías han recibido más de 238.000 millones de pesos, lo que se encuentra dentro del promedio mensual de asignaciones. “El argumento de que la falta de pago es la causa del desabastecimiento es falso”, señaló el Ministerio en la misiva.
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“El Gobierno ha cumplido con los pagos para garantizar la entrega de medicamentos, pero la intermediación y los sobrecostos están afectando a los pacientes. Llamamos a los entes de control a actuar con firmeza para proteger el derecho a la salud de los colombianos”, enfatizó, a su vez, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Los factores de la crisis, según la carta del Ministerio
Según el Gobierno, los problemas que afectan el abastecimiento de medicamentos en el país responden a tres factores principales:
- Concentración del mercado en pocas empresas: cinco gestores farmacéuticos controlan el 80% del abastecimiento de medicamentos en Colombia: Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam. Esta situación genera una alta dependencia del sistema con un reducido número de proveedores.
- Precios inflados en la compra de medicamentos: se han detectado casos de sobrecostos alarmantes en la comercialización de fármacos. Por ejemplo, el factor de crecimiento, utilizado en pacientes con enfermedades graves, tiene un precio real de 1,5 millones de pesos, pero ha sido facturado a 4,3 millones, un incremento del 183%. “No podemos permitir que medicamentos esenciales se vendan con precios inflados y que los recursos no se usen de manera correcta”, declaró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
- Deudas con los laboratorios: a pesar de recibir los pagos del Gobierno, algunos gestores farmacéuticos no han cumplido con los pagos a los laboratorios, lo que ha impactado la producción y entrega de medicamentos.
Las soluciones que propone el Gobierno nacional
Ante esta problemática, el Ministerio de Salud afirmó que ha “intensificado” sus acciones para evitar que estas irregularidades perjudiquen a los pacientes. Entre las medidas adoptadas destacan:
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- Monitoreo permanente: gracias a un seguimiento continuo, cuatro de los nueve medicamentos en riesgo ya han sido reabastecidos.
- Nueva herramienta de control: se ha ampliado el alcance de la plataforma Mipres, permitiendo capturar en tiempo real la información sobre prescripción y dispensación de medicamentos.
- Regulación de gestores farmacéuticos: se trabaja en una norma para establecer requisitos financieros y operativos que garanticen mayor transparencia en la gestión de medicamentos.
- Producción nacional de medicamentos: se avanza en la fabricación local de fármacos estratégicos, reduciendo la dependencia de importaciones.
El Ministerio de Salud también hizo un llamado a los entes de control, como la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, para que actúen con firmeza ante estas irregularidades. Además, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de especulación, acaparamiento o incumplimiento en la entrega de medicamentos. Aunque las EPS cuestionaron al Gobierno, el Ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia y el acceso oportuno a los medicamentos, con el fin de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
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