Facturación electrónica de la Dian tendría cambios dentro de poco: esto se vendría para el pago de los servicios públicos

La facturación electrónica en Colombia es una obligación para los comercios del país. La medida viene aplicándose desde hace más de 20 años, pero se estableció de manera obligatoria desde 2020, lo que significó un proceso de adaptación para todos los contribuyentes, tanto grandes, medianos o pequeños.

Ahora, la aplicación de esta podría transformarse de manera notable en Colombia tras la emisión de un proyecto de resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que busca redefinir varios aspectos claves de este procedimiento. La normativa se centra en garantizar la trazabilidad, transparencia y el cumplimiento normativo, con la modificación no solo el marco operativo de las empresas, sino también sus relaciones con la autoridad tributaria.

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Uno de los cambios más importantes propuestos consiste en una restricción en la recolección de datos del adquirente, con el fin de limitar los datos exigidos a los compradores a nombre, identificación y correo electrónico. Esto reemplazaría la recolección de información adicional como direcciones físicas, lo que se alinearía con las normas de protección de datos. La medida busca reforzar la seguridad y evitar el uso indebido de los datos personales.

Al respecto, la gerente de eCommerce de Sovos Saphety, Karoll Cuadros, destacó que “este proyecto de resolución no solo modifica los procedimientos de facturación, sino que redefine la relación entre las empresas y la Dian”. Asimismo, resaltó que las nuevas normas implicarán un mayor nivel de trazabilidad y control en las gestiones tributarias del país.

Base de datos automatizada y gestionada por la Dian

Entre los puntos más relevantes del proyecto de resolución de la entidad tributaria se resalta la implementación de una base de datos automatizada gestionada por la Dian que facilitará el acceso a datos del adquirente por medio de su número de identificación. El sistema promete agilizar el proceso de facturación electrónica, en especial, en transacciones comerciales de alta frecuencia.

Además, Cuadros comentó que “la exigencia de validación de datos y la limitación en la recolección de información marcarán un antes y un después en la gestión tributaria digital del país”.

Plazo extendido para la facturación de servicios públicos y cobros adicionales

Otro aspecto implica el plazo extendido para la facturación de servicios públicos, lo que permitirá a las empresas emitir y transmitir documentos equivalentes como electrónicos hasta 48 horas después de haber prestado el servicio.

Aunque la flexibilización facilitará las operaciones en zonas con conectividad limitada, también plantea retos en términos de fiscalización, dado el retraso que supondría en la verificación de datos en tiempo real.

Por otro lado, el proyecto prohíbe incluir cobros adicionales en facturas de servicios públicos sin autorización expresa del usuario, lo que fortalece la transparencia y confianza entre empresas y consumidores. Dicha medida pretende evitar problemas relacionados con costos injustificados que afectan la economía de los hogares.

Endurecimiento en medidas de control

La posible adopción de esta normativa también conllevará un endurecimiento en las medidas de control, lo que significa que las empresas deberán cumplir con estándares estrictos o enfrentar sanciones. “La Dian aplicará sanciones más severas, incluyendo multas y bloqueos operacionales”, sostuvo, la gerente de eCommerce de Sovos Saphety, Karoll Cuadros.

Para las compañías, esto representa un desafío directo en términos de modernizar sus sistemas tecnológicos y optimizar sus procesos internos.

La experta también enfatizó en la importancia de que las empresas se adapten a estas nuevas exigencias, por lo que “las compañías deben comprender que la Dian no solo está regulando la facturación electrónica, sino que está exigiendo un nivel de trazabilidad y control sin precedentes. Esto obligará a las compañías a integrar tecnología avanzada para garantizar el cumplimiento normativo sin afectar su eficiencia operativa”.