En un nuevo episodio de tensiones políticas, la exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt responsabilizó al presidente Gustavo Petro por los ataques contra los animales del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada.
Prada denunció, el martes 18 de marzo, dos graves hechos de violencia que han golpeado a su familia, los cuales considera amenazas directas en su contra. A través de su cuenta en X, el togado informó que sus tres perros fueron envenenados en el departamento del Huila, mientras que una yegua de sus hijos, llamada “Pasarela de Los Cauchos”, fue asesinada con un arma cortopunzante en hechos ocurridos en Cundinamarca.
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“Me duele en el alma tener que escribir esto. He puesto en conocimiento de las autoridades dos hechos criminales que han golpeado profundamente a mi familia”, expresó el magistrado, que también aseguró que estos ataques no son casuales y buscan intimidarlo.
“Estos hechos no son casuales. Son ataques directos, amenazas que buscan intimidarnos y arrebatarnos la tranquilidad”, agregó Prada, insistiendo a las autoridades a investigar y garantizar su seguridad y la de su familia. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni avances significativos en la investigación de estos hechos.
Crítica de Íngrid Betancourt
Íngrid Betancourt se refirió a estos hechos como una estrategia para frenar las investigaciones que cursan contra el mandatario en dicha entidad.
“Duele muchísimo lo que le hicieron a los animalitos de Álvaro Prada. ¡Qué crueldad! ¡Qué sevicia! Pero tienes que saber que el país está claro sobre estos procedimientos. Y los culpables tendrán que rendir cuentas. Gustavo Petro: ¿Este es su cambio? ¿Permitir que se maten animalitos para frenar las investigaciones en su contra?”, escribió en su cuenta de X.
El papel de Prada en el CNE y las tensiones políticas
El magistrado Álvaro Hernán Prada ocupa un papel clave dentro del Consejo Nacional Electoral, especialmente en el marco de las investigaciones que podrían afectar a Gustavo Petro. Recientemente, su continuidad al frente del organismo generó una fuerte controversia luego de que el CNE aprobara una modificación a su reglamento interno, permitiendo extender su mandato hasta 2026.
La decisión se tomó tras la renuncia del magistrado César Lorduy, lo que generó un vacío en la presidencia del CNE. De acuerdo con las reglas establecidas, el cargo debía ser asumido por el magistrado Altus Baquero, que está vinculado al petrismo y cuenta con el respaldo de dos magistrados del Pacto Histórico. Sin embargo, la mayoría de los magistrados del organismo liderado por Prada, aprobó la reforma que le permitió mantenerse en la presidencia.
Aunque dicha decisión fue impugnada por la magistrada Alba Lucía Velásquez que, a través de una acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, argumentó que Prada estaba inhabilitado para presidir la discusión y votación sobre su propia continuidad, esta impugnación fue desestimada el 5 de marzo de 2025, dejando en firme la decisión que mantiene a Prada al frente del CNE.
Velásquez sostuvo que, durante la Sala Plena del CNE del 25 de febrero de 2025, Álvaro Hernán Prada continuó liderando la discusión sobre la modificación del reglamento, a pesar de haber sido recusado por ella misma, debido a su interés directo en la decisión. Según su argumento, el artículo 16 de la Resolución 065 de 1996 del CNE establece que, en caso de recusación, la presidencia debe ser asumida por el vicepresidente de la entidad; sin embargo, Prada ignoró la recusación y se mantuvo al frente del debate.
Además, la magistrada denunció que Prada rechazó de inmediato su solicitud sin darle el trámite adecuado, lo que, en su opinión, afectó el derecho a una deliberación imparcial y transparente. La división dentro del CNE quedó reflejada en la sesión del 4 de marzo, cuando Velásquez, junto con los magistrados Altus Alejandro Baquero y Fabiola Márquez, optaron por no respaldar la modificación del reglamento.
Esta situación ha exacerbado las tensiones dentro del CNE y ha generado críticas de sectores afines al Gobierno Petro, quienes consideran que la extensión del mandato de Prada responde a intereses políticos para mantener el control sobre las decisiones del organismo electoral.
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