Benedetti arremetió contra alcaldes y gobernadores que rechazan día cívico del 18 de marzo y los acusó de no apoyar a la clase obrera

Para el martes 18 de marzo de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, decretó un día cívico con el objetivo de respaldar la consulta popular destinada a promover la reforma laboral. Esta jornada ha causado múltiples reacciones y debates en el país, en especial en torno a las implicaciones de las movilizaciones convocadas, entre ellas la del ministro del Interior, Armando Benedetti: que el domingo 16 de marzo, dos días de la cita en las calles, salió en defensa de estas movilizaciones e indicó que son una expresión legítima del apoyo ciudadano hacia los derechos laborales.

Sin embargo, este anuncio, que deberá oficializarse por decreto, no está exento de críticas. Algunos gobernadores y alcaldes, incluidos los de Bogotá, Medellín y Cali, Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Alejandro Éder han señalado que no apoyarán el día cívico ni las movilizaciones.

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“Esa marcha es en apoyo a la consulta. Y la consulta se da porque el Congreso de la República no quiere aprobar lo que tiene que ver con la reforma laboral”, indicó el funcionario en diálogo con Noticias Caracol, en el que detalló que se busca garantizar medidas como el pago completo de domingos y festivos, horas extras desde las 6:00 p. m., la eliminación de despidos injustificados, el fin de los contratos de prestación de servicios y mayores garantías para las mujeres trabajadoras con padecimientos de salud específicos.

Acto seguido, el ministro acusó a estas autoridades locales de actuar en favor de los intereses empresariales y no de los trabajadores. “Están haciendo política de que están con la clase dirigente y con la clase empresarial. Los alcaldes no les interesan los derechos colectivos y lo que quieren es golpear al presidente Petro”, aseguró el ministro en diálogo con el citado medio.

Por otro lado, el impacto de las decisiones del Congreso en torno a la reforma laboral sigue siendo un punto clave en esta controversia. El considerado funcionario “estrella” del Ejecutivo, que se desempeña en su cuarto cargo, precisó que el problema radica en que “el Congreso les hace más caso a los dirigentes, a los gremios, a la Andi, que realmente a los trabajadores”. Y agregó que estas movilizaciones buscan contrarrestar esta dinámica, además de decir que el llamado no es un respaldo directo a Petro, sino al fortalecimiento de los derechos laborales de la clase trabajadora colombiana.

“Es la voluntad de cada funcionario”: Armando Benedetti

Ante los cuestionamientos sobre la naturaleza obligatoria o no de la participación de los funcionarios públicos en las marchas, Benedetti tuvo que salir a aclarar la polémica. “Es la voluntad de cada funcionario público si quiere ir o no a trabajar”, afirmó. Y acotó que esta jornada no impone la asistencia obligatoria, pero destacó que aquellos que creen en la necesidad de mejorar las condiciones laborales están invitados a unirse libremente a esta expresión.

En sus declaraciones, el polémico ministro también mencionó el contexto histórico del debate sobre derechos laborales en el país. En ese orden de ideas, Benedetti señaló que algunas de las normativas actuales que afectan a los trabajadores no han cambiado desde mediados del siglo pasado. “Hay una cantidad de situaciones que son derechos colectivos que no se cambian desde 1950”, expresó Benedetti a Noticias Caracol en Vivo.

Finalmente, Benedetti rechazó las interpretaciones que descalifican las movilizaciones: defendió que se trata de un acto alegre y pacífico que apela a la participación de diversos sectores sociales como campesinos, estudiantes y ciudadanos en general, para expresar su descontento con decisiones legislativas que bloquean la discusión de mejoras laborales. Al referirse al contexto del Senado, el funcionario cuestionó duramente las actuaciones de la Comisión Séptima. En palabras recogidas por el medio, y afirmó que hubo una “decisión tosca y tonta por parte del Congreso de la República” que complicó los avances en el debate de la reforma laboral.