Colombia desafía al mundo y logra que la ONU revise la estrategia global contra las drogas, así será el análisis

En un movimiento sin precedentes en la política internacional sobre narcóticos, Colombia logró la aprobación de una resolución en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, celebrada en Viena, para establecer una evaluación independiente del sistema global de fiscalización de drogas. Con 30 votos a favor, 18 abstenciones y solo tres en contra, la iniciativa marcó un punto de inflexión en la estrategia internacional contra el narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas.

La propuesta colombiana establece la creación de un comité de 19 expertos, con representación diversa, para analizar el impacto de las políticas antidrogas implementadas hasta la fecha y sugerir reformas. El grupo estará compuesto por 10 miembros designados por la Comisión de Estupefacientes, cinco por el secretario general de la ONU, tres por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) y uno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Los resultados de este análisis serán presentados en 2027, con el objetivo de replantear estrategias que demuestren ser ineficaces para reducir la oferta y el consumo de drogas en el mundo. La ONU alertó en sus informes sobre el incremento del consumo de sustancias ilícitas y la proliferación de drogas sintéticas, las cuales son más difíciles de rastrear y controlar que las tradicionales, como la cocaína y la heroína. En 2022, la cifra de consumidores alcanzó los 292 millones de personas, un 20% más que hace una década.

La iniciativa colombiana contó con el apoyo de la Unión Europea y varias naciones de América Latina, como Brasil y Uruguay, lo que demuestra un interés creciente en reformar la política antidrogas global. Sin embargo, no todos los países estuvieron de acuerdo con la medida. Estados Unidos, Argentina y Rusia votaron en contra, mientras que otras 18 naciones optaron por abstenerse.

Marie Nougier, experta del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (Idpc), destacó la importancia de la aprobación de la resolución: “Esta resolución es un paso hacia el ‘cambio transformador’ en el régimen global de control de drogas, tal como lo ha solicitado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk”. Además, señaló que, “Estados Unidos quedó completamente aislado durante las negociaciones y, cuando finalmente se votó la resolución, solo contó con el apoyo de Rusia y Argentina”.

Desde hace varios años, Colombia ha abogado por replantear la política internacional de drogas, argumentando que la estrategia basada en la represión no funciona. Durante su intervención en la Comisión, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, insistió en la necesidad de una reforma profunda, señalando que el país es uno de los más afectados por el conflicto derivado del narcotráfico.

“No podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado (...) Para los colombianos, reformar el régimen de drogas es abrir la posibilidad de vivir en un país en paz”, afirmó Sarabia. También recordó el alto costo humano que tiene esta lucha para el país: “Colombia es el país que ha puesto los muertos en esta guerra”.

El debate sobre esta resolución también dejó en evidencia posturas controvertidas de algunos países, en especial la de Estados Unidos, que tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, mostró un alineamiento con naciones ultraconservadoras como Rusia e Irán. Este último país, según la ONG Iran Human Rights (Ihrngo), ejecutó en 2024 a al menos 503 personas por delitos relacionados con drogas, con la mayoría de las víctimas pertenecientes a comunidades marginadas.

Además, EE.UU. y Argentina propusieron eliminar cualquier referencia a la Agenda 2030 de la ONU en los documentos oficiales de la Comisión de Estupefacientes. Esta iniciativa, que buscaba desvincular la lucha contra las drogas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue rechazada por la mayoría de los países, incluyendo Rusia y Arabia Saudita, dejando a EE.UU., Argentina e Irán en una posición aislada.

Con la creación de este comité independiente, se abre una nueva etapa en el debate sobre la fiscalización de drogas a nivel global. Aún quedan interrogantes sobre cómo reaccionarán los países más reticentes a cambiar su enfoque en esta materia y qué tan vinculantes serán las recomendaciones que emita el comité en 2027.

Para Colombia, esta resolución representa un paso firme en su intención de promover una política internacional más efectiva y humana frente a la problemática de las drogas. Resta por ver si el mundo está realmente preparado para replantear su estrategia en esta lucha de décadas.