
Dos patrulleros de la Policía Nacional en Segovia, Antioquia, enfrentan un proceso judicial tras ser señalados de recibir $15′000.000 para permitir la fuga de cinco reclusos de un centro de detención transitorio. Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de septiembre de 2021, cuando los detenidos lograron escapar tras cortar los barrotes de sus celdas. Entre los fugados se encontraba un presunto cabecilla del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más activas en el nordeste del departamento.
De acuerdo con la investigación, los patrulleros Juan Esteban Villa Álvarez y Jeisson David Rodríguez Campos habrían sido contactados días antes por miembros de esta estructura criminal, quienes les ofrecieron el pago a cambio de permitir el ingreso de una segueta al centro de detención. Este instrumento fue utilizado por los presos para cortar los barrotes y ejecutar la fuga. Además, las pesquisas revelaron que los uniformados también habrían recibido dinero para permitir la entrada de celulares y otros elementos prohibidos al recinto.
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En un comunicado oficial, la Fiscalía explicó que los patrulleros habrían sido contactados por integrantes del Clan del Golfo días antes de la fuga. “Los uniformados, que tenían la custodia de los capturados, habrían recibido 15 millones de pesos a cambio de dejar ingresar una segueta al centro de detención”, señaló el ente.
El escape ocurrió en una estación de policía de Segovia, un municipio ubicado en el nordeste de Antioquia. Según consignó la Fiscalía, los cinco reclusos aprovecharon la madrugada para romper los barrotes de sus celdas y huir del lugar. El ente investigador presentó a los dos patrulleros ante un juez de control de garantías, que les imputó los delitos de favorecimiento de fuga de presos agravado y cohecho propio. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los uniformados no aceptaron los cargos. Como medida cautelar, el juez determinó imponerles detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
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El Código Penal colombiano establece severas sanciones para los servidores públicos que faciliten la fuga de detenidos. Con base en el artículo 449, quienes desempeñen funciones de vigilancia, custodia o conducción de reclusos y permitan su escape pueden enfrentar penas de prisión de entre 80 y 144 meses, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo.
Estas penas pueden incrementarse si los reclusos fugados están detenidos por delitos graves como homicidio, secuestro, desaparición forzada o pertenencia a organizaciones criminales, como es el caso del presunto cabecilla del Clan del Golfo que escapó en este incidente.
Otro hecho similar

Un caso que encendió las alarmas sobre la posible infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones de seguridad pública sacude a Buenaventura, Valle del Cauca. Según informó la Fiscalía, tres agentes de la Policía Nacional fueron presentados ante un juez bajo sospecha de haber facilitado la fuga de un cabecilla de la organización criminal los Shottas. El líder delincuencial escapó en 2024 durante un traslado a un centro asistencial, lo que generó serios cuestionamientos sobre la integridad y el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad.
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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el traslado del detenido habría sido utilizado como una maniobra para encubrir su huida. El ente investigador detalló que el individuo, cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad, estaba bajo custodia policial al momento de su escape. Sin embargo, logró evadirse sin que los agentes encargados de su vigilancia ofrecieran una resistencia significativa. Este hecho llevó a las autoridades a considerar hipótesis que van desde una negligencia grave hasta la posibilidad de una operación planificada con ayuda interna.
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