La reanudación de operaciones militares en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, ha reavivado la tensión en esta zona del suroccidente del Cauca. La comunidad se encuentra dividida entre quienes respaldan la presencia de la fuerza pública y aquellos que, bajo la presión de las disidencias de las Farc, exigen su retiro.
El pasado 6 de marzo, 28 policías y un militar fueron secuestrados por la comunidad de El Plateado, en un hecho que generó preocupación a nivel nacional. Aunque los uniformados fueron liberados, los acontecimientos posteriores han evidenciado el alto nivel de influencia que tienen los grupos armados ilegales sobre la población local.
De acuerdo con testimonios de algunos habitantes, las disidencias del frente Carlos Patiño han impuesto directrices claras a la comunidad: la expulsión del Ejército debe continuar.
Sin embargo, no todos los pobladores están de acuerdo con esta imposición, generando una fractura entre quienes ven en la presencia militar una garantía de seguridad y quienes, ya sea por convicción o por temor, siguen las órdenes del grupo armado ilegal.
Presión y miedo entre los habitantes
Varios residentes de la zona han manifestado sentirse amenazados por las disidencias, las cuales han tomado medidas como la revisión de teléfonos celulares para evitar filtraciones de información a las autoridades. Algunos campesinos han confesado que han pensado en abandonar sus hogares para no quedar atrapados en medio de la presión ejercida por el grupo ilegal y las operaciones militares en curso.
“No entendemos qué buscan realmente. Muchos de los que nos están presionando, ni siquiera son de aquí, vienen de otros municipios. No estamos de acuerdo con esta situación, pero el miedo es muy grande”, expresó a El País un habitante que prefirió mantenerse en el anonimato.
Movilización y postura de líderes sociales
A la par de la resistencia de algunos pobladores contra la injerencia de las disidencias, líderes sociales han defendido la expulsión de la Fuerza Pública, argumentando que el avance militar afecta sus intereses y pone en riesgo su territorio. Sectores de la comunidad han declarado una asamblea permanente para exigir el cese de las operaciones del Ejército, al tiempo que rechazan las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos y otros proyectos estatales, como la construcción de una represa en la región.
Carlos Vargas, representante de la comunidad, señaló que la militarización del territorio ha traído consigo un aumento en los enfrentamientos y desplazamientos, por lo que piden que las autoridades replanteen su estrategia de seguridad. “Rechazamos las operaciones militares porque han causado daño en la infraestructura y han generado más violencia en la zona”, afirmó.
Respuesta del Gobierno y la Fuerza Pública
En medio de esta crisis, el Ministerio de Defensa reafirmó su postura de no adelantar erradicaciones forzadas en el Cañón del Micay, atendiendo las órdenes del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado, la cartera ministerial destacó que las Fuerzas Militares y la Policía tienen instrucciones de respetar a los campesinos y buscar soluciones a través del diálogo.
Sin embargo, el Ministerio del Interior advirtió que los acuerdos alcanzados en una mesa de negociación previa no se han respetado, lo que ha llevado a nuevos episodios de confrontación con la Fuerza Pública.
Por su parte, el comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Federico Mejía, aseguró que las tropas continuarán cumpliendo su misión constitucional en la zona y denunció que las disidencias han recurrido a amenazas y coacciones para obligar a la población a tomar acciones en su contra. “Estamos aquí para brindar seguridad y mejorar las condiciones de la comunidad, pero hemos sido blanco de agresiones promovidas por estos grupos armados”, afirmó el alto oficial.
Mientras la situación se torna cada vez más compleja, el Gobierno Nacional ha anunciado que este martes se llevará a cabo una reunión en Popayán con representantes de la comunidad, con el objetivo de encontrar una salida pacífica al conflicto y evitar una escalada mayor de la violencia en la región.
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