La Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión trascendental en el caso del “Cartel de la Toga”, ordenando que se adelanten procesos de extinción de dominio sobre los dineros que circularon en la red de corrupción dentro de la rama judicial. El caso sacudió los cimientos del sistema al revelar la existencia de un entramado en el que se vendían fallos judiciales y se interfería en procesos contra políticos y altos funcionarios.
En el fallo se ordenó la extinción de dominio sobre los dineros obtenidos ilícitamente: “En la providencia se compulsaron copias para que la Fiscalía adelante los procesos de extinción de dominio contra los dineros que se traficaron por estos hechos de corrupción”, detalló el alto tribunal.
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Asimismo, se determinó que se investiguen otros hechos que podrían estar relacionados con la misma organización criminal. Como medida adicional, se ordenó que un resumen de la sentencia y su parte resolutiva sea publicado en un medio de circulación nacional, con costo a cargo del procesado.
Dentro del mismo caso, la Corte ratificó las condenas contra dos exmagistrados por actos de corrupción que comprometieron la imparcialidad de la justicia. “La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas impuestas contra los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernández por hechos de corrupción”, señala el documento, subrayando la gravedad de los delitos cometidos y la manera en que estos exfuncionarios utilizaron su poder para incidir en investigaciones penales contra aforados.
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Ricaurte Gómez fue hallado culpable de haber recibido sobornos para manipular investigaciones en la Corte Suprema en favor de congresistas como Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, implicados en casos de ‘parapolítica’. Además, influyó en los procesos contra los exgobernadores Juan Carlos Abadía (Valle del Cauca) y Alejandro Lyons (Córdoba).
El magistrado ponente del caso, Carlos Roberto Solórzano, explicó que el exmagistrado “conseguía y utilizaba información privilegiada, retardaba los trámites y alteraba evidencias para obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que denominaba ‘clientes’, que eran en realidad beneficiarios del tráfico de influencias”.
El exmagistrado Malo Fernández, por su parte, fue condenado por su participación directa en esta red criminal mientras ejercía su cargo en la Corte Suprema de Justicia. Según el fallo, “el exmagistrado Gustavo Malo Fernández se unió a un grupo delincuencial y, por el privilegio funcional que ostentaba, usó la información a su disposición para que sus co-asociados abordaran a los aforados investigados por su despacho y, con exorbitantes exigencias económicas, lograran acuerdos para torpedear las actuaciones”.
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En ese sentido, Ricaurte Gómez cumplirá una pena de 16 años y 5 meses de prisión, mientras que Malo Fernández deberá purgar 9 años de cárcel.
El rol de Luis Gustavo Moreno en la investigación
El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue pieza clave en la revelación de esta estructura delictiva. Moreno, que compartía oficina con Francisco Ricaurte, solicitó sobornos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para frenar procesos en su contra. Esta transacción ocurrió en Miami, lo que permitió a las autoridades estadounidenses recopilar pruebas en su contra y pedir su extradición.
Tanto Moreno como su cómplice, Leonardo Luis Pinilla Gómez, fueron capturados en junio de 2017 a su llegada a Bogotá y posteriormente imputados por concierto para delinquir, utilización indebida de información privilegiada y cohecho.
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Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron que, entre 2015 y 2016, Ricaurte recibió dinero para frenar procesos contra los entonces representantes a la Cámara Argenis Ramírez y Milton Córdoba Manyoma, a través de su intermediario, Moreno Rivera. “En la investigación se conoció que Ricaurte Gómez, al parecer, contactó a través de Moreno Rivera al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, adscrito en su momento al despacho de Gustavo Malo Fernández, y acordaron que, a cambio de dádivas, impediría que se abriera instrucción, expidiera orden de captura o emitiera cualquier decisión en contra de los dos congresistas”, concluyó la Fiscalía.
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