Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos, explicó cómo será el plan en el Catatumbo: les pagarán a los campesionos por arrancar plantas de coca

La emisión del segundo Consejo de Ministros televisado en el mandato de Gustavo Petro se llevó a cabo la noche del lunes 3 de marzo.

El presidente presentó los temas a tratar en esta sesión y explicó que el eje central de la discusión era la erradicación de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, zona donde, desde mediados de enero, la violencia se ha agudizado debido al conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

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Previo a la intervención de los ministros, quienes profundizaron en el tema central y las funciones que asumirán desde sus respectivas carteras, Petro aseguró que, en el marco del Decreto de Conmoción, se iniciará la erradicación de cultivos ilícitos, como el de la hoja de coca, que ya abarcan cerca de 55.000 hectáreas en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Una de las primeras en tomar la palabra fue Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos, quien detalló cómo se pretende llevar a cabo este plan, teniendo como eje central el trabajo y apoyo del campesinado de la región.

La funcionaria indicó cuáles son las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos y los municipios más afectados: “Según reportes de la Policía, este año los cultivos ilícitos ya llegaron a 53.000 hectáreas. De estos, el 52% están en Tibú, por lo que este es un lugar donde el Gobierno Nacional va a priorizar el programa de sustitución. En segundo lugar, está El Tarra, con 6.800 hectáreas, y en tercer lugar, Sardinata, con 4.300″.

Miranda también explicó los pasos a seguir para la implementación del proceso de sustitución: “En primer lugar, se va a generar un pago por erradicación de $1.280.000, equivalente al 90% de un salario mínimo legal vigente, durante 12 meses”.

Este pago busca que las comunidades del Catatumbo establezcan contacto con las entidades gubernamentales.

Además, la funcionaria resaltó que en este territorio la economía ilícita ha sido la principal fuente de ingresos, por lo que es necesario garantizar un sustento fijo mientras se consolida una economía legal. La intención es que los campesinos puedan suplir sus necesidades básicas durante la transición hacia cultivos lícitos y la implementación del programa.

El segundo punto de esta estrategia es el establecimiento de una economía legal que abarque desde la producción de los cultivos hasta la garantía de su comercialización, brindando a los campesinos ingresos fijos, todo esto, articulado con el Ministerio de Transporte.

“Sustituir todo el circuito económico (...) Acá lo que estamos buscando es reemplazar todo el circuito económico. ¿Qué es esto? Esto no solo incluye el cultivo, sino también la transformación para agregar valor a los productos y asegurar la logística de transporte. Por eso, este programa de sustitución se está articulando con la construcción de una vía a cargo del Ministerio de Transporte. Además, se garantizará la comercialización, un aspecto en el que el mercado de la coca ha sido profundamente exitoso, pues siempre hay demanda para ese producto”, explicó la funcionaria.

Finalmente, el último punto de esta estrategia es asegurar la comercialización estable de los nuevos productos, garantizando un mercado fijo para los campesinos.

Como prioridad en este proyecto, se tendrá en cuenta a las mujeres y madres cabeza de familia. Además, desde el Gobierno se están gestionando alianzas con entidades bancarias, como el Banco Agrario, para otorgar créditos con un plazo de hasta cinco años, mientras la sustitución de cultivos empieza a generar resultados.

Para cada uno de estos proyectos, se destinará una suma de dinero entre los $10 y $15 millones dependiendo el caso.

En declaraciones con Blu Radio, Mirando explicó por qué la prioridad será para este grupo poblacional: “No es una percepción, hay evidencia de que cuando los recursos están en manos de mujeres, se destinan en mayor medida al bienestar del hogar”, afirmó, teniendo presentes los estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad de los Andes, en los que se ha demostrado que las mujeres tienen mayor eficacia en la gestión de recursos destinados a programas sociales, priorizando el bienestar del hogar.