Corte Constitucional habría tomado trascendental decisión con respecto al estudio de la reforma pensional aprobada en el Congreso

En una decisión que, según expertos jurídicos, podría dilatar aún más la discusión que podría definir el futuro de una de las reformas cruciales del presidente de la República, Gustavo Petro, como la reforma pensional, la Corte Constitucional -según se conoció- habría sentado postura sobre dos hechos puntuales acerca del estudio de legalidad de esta norma: promulgada en septiembre de 2024 por el jefe de Estado luego de que fuera aprobada en el Congreso, tras cuatro intensos debate.

Por un lado, según indicó el periodista Julio Sánchez Cristo, de W Radio, se optó por no admitir el concepto de la exprocuradora general de la Nación Margarita Cabello Blanco, en el proceso relacionado con la reforma pensional promovida por el Ejecutivo. Y, en cambio, esperar ahora el pronunciamiento del nuevo jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach Pacheco, aunque aún no hay claridad sobre cuándo se entregará este concepto que, en caso de ser negativo, tumbaría una de las grandes reformas del Ejecutivo, ante el avance lento de las reformas laboral y la salud.

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La postura de Margarita Cabello

El meollo de este asunto tiene su origen en noviembre de 2024, cuando Cabello dio su concepto jurídico, en el que pidió declarar inexequible la reforma pensional. Entre sus motivos, la entonces titular del ente de control disciplinario indicó que en la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, durante el cuarto debate, se omitió la discusión sobre la iniciativa, pues los congresistas votaron en bloque y sin analizar de manera individual los 95 artículos que componen esta proposición, acogiendo el texto que había aprobado el Senado de la República.

Lo más delicado, a juicio de Cabello, es que se hicieron más de 60 modificaciones respecto al texto original durante el tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, además más de 500 propuestas de ajuste de diversas bancadas.

Según se conoció por diferentes reportes periodísticos, la Procuraduría en cabeza de Eljach cuenta con un plazo de 30 días para emitir un nuevo concepto. Hasta que no se tenga este pronunciamiento, el alto tribunal, a cargo del presidente Jorge Enrique Ibáñez, que es el magistrado ponente de este estudio. Y que, de acuerdo con informes, estaría analizando la posibilidad de declarar inconstitucional la reforma. Con ello, la expectativa sobre el desenlace de uno de los proyectos más representativos del actual Gobierno continúa.

Decisión crucial en materia aduanera: Corte Constitucional avanza en tema que interesa al Gobierno Petro

En paralelo con este anuncio, la Corte Constitucional habría reafirmado que la regulación sobre multas y sanciones en materia de contrabando es competencia exclusiva del Congreso, de acuerdo a lo que reveló Sánchez Cristo. Esta determinación cursa debido a una respuesta a una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022: en la que se le había entregado al Ejecutivo la facultad de dictar normas con fuerza de ley para implementar un nuevo régimen sancionatorio aduanero.

En este sentido, la Corte concluyó que esta disposición contravenía el artículo 150 de la Constitución, que reserva estas competencias a la rama legislativa.

Según el comunicador, esta decisión del tribunal coincide temporalmente con un escándalo de corrupción que involucra presuntamente a varios miembros del Congreso en irregularidades relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el escándalo que estalló por los supuestos nexos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La Corte, en sus capacidades, habría resuelto otorgar un plazo al Congreso hasta junio de 2026 para expedir una nueva normativa que regule el régimen sancionatorio y las incautaciones de mercancías en esta materia.

El fallo señala que pretender otorgar al Ejecutivo facultades legislativas para crear un nuevo estatuto disciplinario en materia aduanera desconoce los límites constitucionales. De esta manera, el alto tribunal reitera la necesidad de proteger el principio de separación de poderes y el papel exclusivo del Congreso en la creación de leyes.