El entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue bajo la lupa de las autoridades judiciales y avanza mediante la investigación de las personas que pudieron haber estado involucradas y la firma de preacuerdos orientados a descubrir la verdad de los hechos. Uno de los presuntos responsables de la desviación de recursos públicos y del redireccionamiento de contratos es Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la entidad.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado presentó al contratista Luis Eduardo López Rosero ante el entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, para que obtuviera una orden de proveeduría. Dicha orden estaba relacionada con la compra de los 40 carrotanques que debían proporcionar agua potable a la población de La Guajira. No obstante, los recursos del contrato para la adquisición de los vehículos fueron entregados a manera de coimas a diferentes actores de la red de corrupción.
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Por presentar al contratista, el exasesor jurídico recibió una dádiva de $1.000 millones. Una primera parte (300 millones), le fue entregada en efectivo en un inmueble ubicado en Pasto (Nariño). La segunda parte corresponde a $700 millones que recibió en consignación.
El preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado
El procesado aceptó haber estado involucrado en el entramado de corrupción y haber cometido los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado propio y en favor de terceros, por los cuales fue imputado. Asimismo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación que fue avalado por una juez penal del circuito especializado de Bogotá.
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Tras aceptar su participación, el exfuncionario de la Ungrd se comprometió a reintegrar los $1.000 millones de los que se apropió mediante sus actuaciones delictivas. De la totalidad, ya entregó el 50% ($500 millones); los recursos restantes deberá entregarlos en dos consignaciones diferentes en enero de 2026 y 2027. Además, como garantía puso a disposición un predio que está a su nombre, ubicado en Tabio (Cundinamarca), cuyo avalúo comercial es de $958 millones y firmó un pagaré de codeudor.
Teniendo en cuenta lo pactado entre las partes, el exasesor jurídico tendrá que permanecer privado de la libertad por un poco más de cuatro años. “Deberá cumplir una pena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión; y la inhabilidad constitucional perpetua para ejercer cargos públicos por cometer un delito contra la administración pública”, detalló el ente acusador en un comunicado.
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En noviembre de 2024, la defensa del procesado solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento con la que había sido cobijado. Con ella, se ordenó su privación de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra. Según la defensa, no era necesario que el exasesor estuviera en prisión hasta definir su situación jurídica, puesto que no se podía comprobar su presunta cercanía con el exdirector de la Ungrd Olmedo López, que aceptó también estar involucrado en la red de corrupción.
“La afirmación de la Fiscalía de que Pedro Rodríguez era la mano derecha de Olmedo López se basa en un señalamiento aislado y contradictorio, mientras que múltiples elementos de conocimiento sugieren lo contrario”, indicó el apoderado del exfuncionario en una de las audiencias del caso.
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Sin embargo, el Juzgado 38 Penal del Circuito de Conocimiento desestimó los argumentos de la defensa y negó la petición, luego de que la Fiscalía presentara más pruebas que lo vinculan con el caso de corrupción. Por ello, se ordenó que permaneciera bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel La Picota, en Bogotá.
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