
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca actualizar los impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, además de establecer un nuevo gravamen para dispositivos electrónicos como los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
La iniciativa, liderada por el representante del Partido de la U Armando Zabaraín Darse, pretende desincentivar el consumo de estos productos y fortalecer el sistema de salud del país. Ahora, el proyecto pasará al Senado para su discusión.
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El artículo 1.º del proyecto busca modernizar la legislación fiscal sobre tabaco y sus derivados, incluyendo las nuevas formas de consumo como los vapeadores.
Se plantea una modificación al artículo 211 de la Ley 223 de 1995, estableciendo un impuesto de 3.725 pesos colombianos (0,93 dólares) por cada cajetilla de 20 cigarrillos. Para los consumibles de tabaco calentado y vapeadores, se propone una tarifa de 297 pesos (0,07 dólares) por gramo de tabaco.
El representante Zabaraín destacó que esta ley reafirma el compromiso del Congreso con la salud pública, al establecer una tributación específica para insumos de vapeadores con y sin nicotina.

Sin embargo, durante el debate surgieron preocupaciones sobre un posible aumento del contrabando debido a los nuevos impuestos.
El representante conservador Wadith Manzur advirtió que el alza en los costos podría incentivar el consumo de productos ilegales. Wilmer Castellanos, por su parte, enfatizó la necesidad de reforzar los controles para evitar el mercado negro.
Otras restricciones aplicadas a los cigarrillos electrónicos en Colombia
El Gobierno sancionó la Ley 2359 de 2024 en mayo de 2024, que establece nuevas reglas sobre la venta, promoción y uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en Colombia.
La normativa, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, busca reducir el consumo entre los jóvenes, el grupo más afectado por estos productos.
La ley prohíbe la comercialización de estos productos a menores de 18 años. Los establecimientos que incumplan enfrentarán multas de hasta un salario mínimo legal mensual vigente, con sanciones más severas en caso de reincidencia.

Además, se imponen restricciones en el empaquetado y etiquetado de vapeadores y productos de tabaco. No pueden diseñarse para atraer a menores ni utilizar términos como “suaves” o “bajo en alquitrán”, que puedan generar una falsa percepción de menor riesgo.
También deben incluir advertencias claras y rotativas sobre los efectos nocivos del consumo, con imágenes o textos que refuercen el mensaje.
Más allá de las restricciones, la ley obliga al Ministerio de Salud a implementar campañas educativas sobre los riesgos del uso de estos dispositivos.
Estas estrategias estarán dirigidas especialmente a usuarios de sistemas electrónicos de administración de nicotina (Sean), sistemas sin nicotina (Sssn), productos de tabaco calentado (PTC) y productos de nicotina oral (PNO), con énfasis en la población juvenil.
Prohibición de uso en espacios públicos
Otro aspecto clave de la ley es la restricción del empleo de vapeadores en espacios cerrados de lugares públicos y de trabajo. Se prohíbe su consumo en bares, restaurantes, centros comerciales, parques, estadios, discotecas, hoteles y eventos masivos.
Además, queda prohibido su utilización en instituciones educativas, museos, bibliotecas, transporte público y privado, entidades de salud y áreas con alto riesgo de combustión, como estaciones de gasolina.
La Dra. Sonia María Restrepo, coordinadora del Área de Pediatría de la Fundación Santa Fe y profesora clínica de la Facultad de Medicina de Los Andes, explicó que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias tóxicas como nicotina, tetrahidro-cannabinol, metales pesados (como níquel, estaño y plomo), y compuestos como carbonilos y furanos.

Estos elementos pueden dañar los pulmones, las vías respiratorias superiores, los alveolos y el intersticio pulmonar, estructuras esenciales para la respiración y el intercambio de gases.
El doctor Gustavo Perdomo de la Fundación de la Santa Fe advirtió que la mayoría de estos dispositivos contienen nicotina, una de las sustancias más adictivas conocidas. “No es simplemente vapor de agua saborizado. Estos dispositivos tienen compuestos que pueden ser igual o más nocivos que el cigarrillo convencional”, afirmó.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (Encspa) de 2019, los vapeadores son la tercera sustancia legal más consumida en el país. Se estima que 1.1 millones de colombianos usan cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina, y la mayoría de los consumidores tienen entre 18 y 24 años. Estas cifras justifican la necesidad de regulación.
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