Firmantes del Acuerdo de Paz anuncian desplazamiento forzado en Mesetas, Meta, por amenazas y violencia

Un grupo de 24 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias denunció que la crisis de seguridad en la vereda Nueva Esperanza, en Mesetas, Meta, los obliga a abandonar el territorio, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio.

La presencia de grupos armados y el aumento de los enfrentamientos han puesto en peligro sus vidas y han dificultado su proceso de reincorporación.

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En un comunicado emitido este jueves, los afectados aseguraron que la situación ha llegado a un punto insostenible.

“Nuestra vida está en peligro”, expresaron, al tiempo que señalaron que las constantes amenazas y el temor a hechos violentos los llevan a tomar la difícil decisión de desplazarse.

Según advierten, los riesgos ya habían sido reportados en dos Alertas Tempranas: una en noviembre de 2024 y otra en enero de 2025.

Sin embargo, las medidas de protección no han sido suficientes para garantizar su permanencia en el territorio ni la continuidad de sus proyectos productivos.

A partir del 25 de febrero, los firmantes y sus familias abandonarán la zona y se trasladarán a un “campamento humanitario permanente”, donde esperan encontrar mejores condiciones de seguridad.

A pesar de la difícil decisión, reafirmaron su intención de seguir impulsando la implementación del Acuerdo de Paz y de regresar cuando existan garantías para su protección.

En su declaración, también hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que no se “deje solo al pueblo de Mesetas” y se sumen esfuerzos para recuperar la estabilidad de la región.

Crisis humanitaria más grave en 27 años que sacude a Colombia

La crisis humanitaria en la región del Catatumbo alcanzó un punto crítico, marcando el desplazamiento masivo más grande registrado en los últimos 27 años en Colombia, según informó la Defensoría del Pueblo.

A pesar de que esta área ha enfrentado históricamente una compleja situación debido a la presencia de grupos armados ilegales, la magnitud del desplazamiento actual dejó en evidencia un agravamiento sin precedentes de la problemática, con miles de civiles forzados a abandonar sus hogares en busca de seguridad.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que el último desplazamiento de una magnitud similar en la región ocurrió hace 28 años, en 1997, evidenciando que esta crisis representa un retroceso significativo en los esfuerzos humanitarios del país. Además, destacó que solo en los primeros 24 días de 2025, el número de desplazados ya superó la cifra total registrada durante todo 2024.

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“En 2024 había habido una disminución respecto de 2023, cuando se habían presentado 154 eventos de desplazamiento masivo que había afectado a 54.665 personas”, explicó Marín, señalando que los datos recientes demuestran un repunte alarmante en esta tendencia.

El impacto del desplazamiento forzado en Colombia alcanzó cifras alarmantes en el último año, cuando se documentaron 105 eventos masivos que afectaron a 10.249 familias, lo que se tradujo en 25.611 personas obligadas a abandonar sus hogares.

No obstante, la situación en el Catatumbo, agravada por la intensificación del conflicto armado, empeoró de manera dramática en apenas una semana, desplazando a más de 42.000 habitantes de la región.

De acuerdo con los informes más recientes, Cúcuta, Ocaña y Tibú se posicionaron como los principales destinos para quienes escaparon de la violencia, recibiendo 16.663, 10.719 y 10.482 desplazados, respectivamente.

Mientras tanto, otros 11.699 individuos se vieron obligados a refugiarse en albergues temporales distribuidos en municipios como Convención, San Calixto, El Tarra, Hacarí, Ábrego y Teorama. Estos refugios temporales se convirtieron en un punto de apoyo crucial, aunque insuficiente, frente al incremento de la crisis humanitaria.

Adicionalmente, se llevaron a cabo evacuaciones urgentes de 158 personas atrapadas en zonas de enfrentamiento, y 25 firmantes de paz fueron reubicados tras recibir amenazas directas contra su seguridad.

Así mismo, la disparidad en las cifras relacionadas con el saldo mortal del conflicto generó intensas discusiones y cuestionamientos sobre la magnitud real de los hechos.

Los informes presentados por diferentes entidades mostraron datos inconsistentes que, en lugar de aclarar la situación, incrementaron la incertidumbre y el debate público.