
El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su apoyo a la solicitud de Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que busca cumplir su condena por el escándalo de corrupción conocido como la “Yidispolítica” en un “sitio de reclusión seguro” en el departamento del Quindío.
La petición fue formalizada ante las autoridades judiciales, y Uribe, a través de su cuenta de X, pidió que se tuviera en cuenta la solicitud y se respetara lo dispuesto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
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La condena a Bernardo Moreno fue ratificada en 2024 por el alto tribunal, lo que generó una ola de reacciones. El exfuncionario fue hallado culpable de tráfico de influencias en el marco del escándalo de la “Yidispolítica”, que giraba en torno a la compra de votos para la reelección de Álvaro Uribe en 2006. La Corte, al revisar el caso en segunda instancia, ratificó la culpabilidad de Moreno, que había sido una figura clave en la administración de recursos y contratación durante el Gobierno de Uribe.
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La sentencia, firmada por el magistrado Gerson Chaverra, destacó que el exdirector del Dapre utilizó su influencia para beneficiar a personas cercanas a la excongresista Yidis Medina, que jugó un papel crucial al votar a favor de la reelección de Uribe a cambio de prebendas y cargos públicos para sus allegados. El alto tribunal evidenció que Moreno favoreció la contratación de varios individuos ligados a Medina, tales como César Augusto Guzmán, Liliana Figueredo Ayala y otros, quienes recibieron contratos millonarios a través de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Red de Solidaridad Social (RSS).
La condena definitiva de cinco años y medio de prisión, además de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 82 meses, fue un duro golpe para el círculo cercano de Uribe. Sin embargo, a pesar de las implicaciones legales, el expresidente ha mantenido una postura de defensa hacia su excolaborador.
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Uribe se pronuncia a favor de Moreno
A través de su cuenta en X, Uribe ha expresado su respaldo a la solicitud de Bernardo Moreno para que cumpla su condena en un lugar adecuado. “Bernardo Moreno, hombre correcto, no se ha robado un peso. Lo condenan porque supuestamente intrigó nombramientos, no obstante que los nominadores negaron haber recibido la presión”, escribió el exmandatario recién se conoció la confirmación de la condena, reiterando su versión de los hechos y defendiendo la honorabilidad de su antiguo colaborador.
El líder del partido Centro Democrático también aprovechó la oportunidad para cuestionar el debido proceso en el juicio. “No se respetaron los derechos del acusado durante el juicio. La Corte aceptó la prescripción, ahora cambió y dijo que no por variación de la pena. ¡En qué quedan los Derechos Constitucionales a la Igualdad y al Debido Proceso!”.
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Cabe recordar que, la condena a Bernardo Moreno no es un caso aislado dentro del escándalo de la “Yidispolítica”. Otros altos funcionarios del gobierno de Uribe, como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, también fueron condenados por sus roles en la compra de votos para la reelección. El caso de Moreno, sin embargo, se destaca por su implicación directa en el manejo de recursos y su cercanía con la figura del expresidente.
La condena de 2024 no es la primera que enfrenta Bernardo Moreno. En 2015, la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable de estar involucrado en las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un escándalo que destapó prácticas ilegales de espionaje contra opositores políticos, magistrados y periodistas. En ese entonces, Moreno fue condenado a ocho años de prisión por su responsabilidad en el acceso ilícito a información confidencial, que era utilizada para llevar a cabo campañas de desprestigio en contra de aquellos que se oponían al gobierno de Uribe.
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La Corte consideró que Moreno actuó como determinador en varios delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y otros crímenes relacionados con el uso indebido de su cargo.
El caso sigue siendo un recordatorio del impacto que los escándalos de corrupción y abuso de poder han tenido en la política colombiana. Las autoridades deberán evaluar la petición de Morenomientras el debate sobre la justicia, el debido proceso y la responsabilidad política sigue siendo un tema de discusión en el país.
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