Miguel Ceballos, ex alto Comisionado para la Paz de Iván Duque, criticó la gestión del gobierno Petro: “La conmoción interna está en el propio gobierno”

Miguel Ceballos, ex alto comisionado para la Paz y director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad Javeriana, expresó una crítica rotunda a la estrategia de “paz total” implementada por el gobierno de Gustavo Petro.

En una reciente entrevista con La FM, Ceballos señaló que la actual política de paz no solo ha fallado en su propósito de reducir la violencia, sino que ha contribuido al fortalecimiento de los grupos armados ilegales, lo que ha derivado en un escenario aún más complejo para el país.

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Colombia enfrenta una creciente ola de violencia producto de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, dos de los grupos armados más poderosos en el país.

Este conflicto, que ha desbordado las capacidades de las autoridades locales, ha dejado miles de desplazados y ha incrementado la inseguridad en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado como el Catatumbo, Chocó, Nariño y el Cauca.

Para Ceballos, la política de “paz total” del gobierno de Petro no ha hecho más que exacerbar estos problemas. Según su análisis, la falta de una estrategia clara y coherente ha permitido la atomización de los grupos armados ilegales, lo que ha derivado en un panorama cada vez más fragmentado y violento. En sus palabras:

“Esta situación que está viviendo Colombia es el resultado de una suma increíble de errores. Este gobierno ha cometido todos los errores posibles, primero por una falta de estrategia total en la llamada Paz Total”, afirmó.

El exalto comisionado no solo cuestiona la eficacia de las negociaciones de paz con los grupos armados, sino que también critica la falta de una visión integral para la resolución del conflicto. Según sus cifras, al inicio del gobierno de Petro, Colombia contaba con aproximadamente 14.000 combatientes en grupos armados ilegales, cifra que, según Ceballos, ha crecido hasta cerca de 30.000. Este aumento en el número de combatientes refleja un crecimiento significativo en la capacidad de las estructuras criminales, lo que indica que la “paz total” no ha logrado desmovilizar a los grupos armados, sino que, por el contrario, ha permitido su expansión.

Una de las críticas más contundentes de Ceballos es la falta de liderazgo claro dentro del gobierno y la debilidad de las instituciones encargadas de manejar la seguridad y las negociaciones con los grupos armados. “La conmoción interna está en el propio gobierno”, afirmó Ceballos, destacando la desconexión y falta de coordinación entre las diferentes entidades estatales que deberían estar abordando el conflicto armado de manera integrada.

Para Ceballos, la falta de una estrategia conjunta ha generado confusión dentro del gobierno y ha debilitado la respuesta institucional frente a los grupos armados ilegales. En particular, cuestionó los ceses al fuego pactados con el ELN y otras organizaciones, los cuales, según él, han limitado la capacidad operativa del Ejército y la Policía sin generar una disminución real de la violencia. “Los llamados ceses al fuego no son bilaterales. El único que cesa al fuego es el Ejército Nacional y la Policía, eso es muy triste”, señaló.

Además, el exalto comisionado criticó el reconocimiento político que el gobierno ha otorgado a ciertos grupos ilegales, como el ELN, al incluirlos en las negociaciones de paz. Recordó una declaración de Petro en la que el presidente afirmó que “la bandera roja y negra del ELN estaba teñida de coca”, lo que, según Ceballos, evidencia la relación directa entre el grupo armado y el narcotráfico. Para el excomisionado, otorgarles un estatus político contradice las políticas de lucha contra las drogas y debilita la credibilidad del proceso de paz.

El impacto humanitario de la violencia en Colombia es alarmante y está en constante aumento. Según cifras recientes, más de 53.000 personas se han desplazado en lo que va del año debido a la violencia, acercándose a los niveles de desplazamiento forzado que se vivieron en 1997, uno de los años más dramáticos del conflicto armado en el país. Este desplazamiento ha sido especialmente significativo en zonas como el Chocó, Nariño y el Catatumbo, donde las comunidades viven atrapadas entre los enfrentamientos de los grupos armados ilegales.