El presidente del Senado Efraín Cepeda se refirió a la polémica lista revelada por Luis Carlos Reyes: “Es siempre una estrategia de este Gobierno”

El Congreso de República se encuentra en el centro de una controversia tras la divulgación de una lista que involucra a varios congresistas y altos funcionarios en presuntas solicitudes de cuotas dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El documento fue entregado por Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, a la Fiscalía General de la Nación.

Este hecho ha generado un ambiente de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo, en medio de las sesiones ordinarias que se desarrollan esta semana.

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De hecho, horas después de conocerse el listado completo en el que se salpicó a buena parte del Congreso, incluido el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el congresista se pronunció y rechazó las acusaciones de las que dice ser víctima.

Durante la sesión de este martes 18 de febrero, Cepeda rechazó las acusaciones y señaló que estas forman parte de una estrategia del Ejecutivo.

“Esto es siempre una estrategia de este Gobierno. Ayer nos amenazaron con el pueblo y nos acusaron también de obstaculizar reformas. Amenazaron también a los medios de comunicación, amenazaron al sector privado y ahora, pues a su mejor estilo, vienen con este tipo de acusaciones”, afirmó el senador.

Estas declaraciones se producen un día después de que Petro criticara al Legislativo por no avanzar en la aprobación de sus reformas sociales, lo que llevó a Cepeda a exigir respeto por la separación de poderes establecida en la Constitución.

El listado, revelado inicialmente por W Radio, incluye aproximadamente 48 nombres de congresistas y funcionarios que, según Reyes, habrían solicitado nombramientos o ascensos en la Dian.

Entre los mencionados destaca Roy Barreras, quien habría entregado hojas de vida para el nombramiento del director de la Dian en Buenaventura.

Otro caso señalado es el del senador Alfredo Deluque, del partido de La U, quien supuestamente recomendó el ascenso de dos funcionarios de bajo rango dentro de la entidad.

Asimismo, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, aparece en la lista por presuntamente haber solicitado el nombramiento de Alejandro Manrique como director seccional de la Dian en Buenaventura.

Otros nombres que figuran en el documento son los de Mauricio Parody (Cambio Radical), Ciro Antonio Rodríguez (Conservador), Saray Robayo (La U) y Enrique Cabrales (Centro Democrático), entre otros.

Asimismo, las reacciones de los congresistas mencionados no se hicieron esperar. Enrique Cabrales, del Centro Democrático, negó categóricamente las acusaciones y afirmó: “Es completamente falso que en este o en anteriores gobiernos yo haya presionado para que se nombrara algún funcionario en la Dian. Nunca he ido a pedir puestos a este Gobierno al cual le hago férrea oposición”.

Por su parte, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, también se pronunció a través de su cuenta en X, asegurando que su partido no autoriza la solicitud de puestos ni contratos. “Si alguien ha pedido puestos en este gobierno que lo diga. Medios registran que señora Fiscal General ha dicho que recomendar no es delito”, expresó Uribe.

Se agudizan las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos días. En un mensaje publicado en redes sociales, Petro cuestionó al Legislativo por no avanzar en la aprobación de sus reformas sociales, lo que provocó una respuesta inmediata de Cepeda, quien calificó las declaraciones del mandatario como una amenaza al Congreso y a los medios de comunicación.

La controversia también pone de relieve las tensiones internas en el Congreso, donde las acusaciones de presuntas solicitudes de cuotas en la Dian podrían afectar la credibilidad de los legisladores y generar divisiones entre las diferentes bancadas.

Además, el hecho de que la lista haya sido entregada a la Fiscalía General de la Nación sugiere que el caso podría tener implicaciones legales para los implicados, aunque, como señaló Uribe, recomendar nombramientos no constituye un delito en sí mismo.