La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación roja contra Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña, quien hasta hace poco se desempeñaba como negociador de paz del Gobierno colombiano con el grupo armado Comandos de Frontera.
Según conoció Caracol Radio, Rojas es requerido por las autoridades de Estados Unidos bajo cargos relacionados con el tráfico de cocaína, y enfrenta una posible condena a cadena perpetua.
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De acuerdo con un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la captura de alias Araña se llevó a cabo el 12 de febrero de 2025 en las inmediaciones del hotel Courtyard Marriot, ubicado en la ciudad de Bogotá. La detención se produjo un día después de que Interpol emitiera la orden internacional de captura, el 11 de febrero.
La captura de Andrés Rojas se dio al término de una rueda de prensa en la que se presentaron avances en las conversaciones de paz entre el Gobierno y la disidencia autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, liderada por alias Walter Mendoza.
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Según la Circular Roja, entre 2017 y febrero de 2025, alias Araña encabezaba el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera, dedicado a proteger cultivos de coca, administrar laboratorios para su procesamiento, coordinar envíos de droga y cobrar impuestos a fabricantes y traficantes en las zonas bajo su dominio.
El documento indica que Rojas negociaba cargamentos de cocaína con organizaciones que la transportaban hacia América Central, México y Estados Unidos. También menciona que en marzo de 2024 la Armada de México interceptó dos embarcaciones que trasladaban un cargamento de 1.500 kilos de cocaína enviado por Rojas desde Ecuador con destino final en Estados Unidos.
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La justicia estadounidense lo requiere por el delito de “asociación ilícita para la distribución de cinco kilos o más de cocaína”, un cargo que podría acarrear una condena de cadena perpetua. Sin embargo, de acuerdo con el tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos, la pena máxima que podría enfrentar sería de 60 años de prisión.
Alias ‘Araña’ permanece detenido mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos
Alias ‘Araña’, continuará bajo custodia en Colombia tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de negar el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa.
Según informó el tribunal, la solicitud buscaba su liberación argumentando supuestas irregularidades constitucionales durante su captura. Sin embargo, el magistrado encargado del caso, Carlos Barrera, determinó que el recurso no era procedente, ya que Rojas no había agotado las instancias legales correspondientes antes de recurrir a esta herramienta.
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De acuerdo con lo publicado por el Tribunal Superior, el magistrado Barrera explicó que el hábeas corpus no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo para reemplazar los procedimientos judiciales y administrativos establecidos en casos de extradición.
En este sentido, señaló que cualquier irregularidad relacionada con el proceso debe ser presentada ante las autoridades competentes, como la Fiscalía, para su evaluación y resolución. “Lo que cabe es la prosecución del trámite que corresponda, por parte de las entidades competentes, para tramitar la solicitud de extradición”, afirmó el magistrado en su resolución.
El magistrado Barrera también hizo un llamado de atención a la defensa de alias ‘Araña’, subrayando que el recurso de hábeas corpus no puede ser empleado para interferir en las funciones de la Fiscalía. Según detalló el tribunal, permitir que este recurso sustituya los procedimientos establecidos implicaría una violación al principio de independencia judicial.
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“De acceder a la pretensión del recurrente, (...) implicaría una usurpación de las funciones propias del fiscal, encargado de valorar las razones del peticionario”, puntualizó Barrera en su fallo.
El tribunal enfatizó que el acusado debe presentar sus argumentos y pruebas ante las instancias correspondientes, en este caso, la Fiscalía, que es la entidad encargada de analizar las circunstancias del caso y determinar si existen irregularidades que puedan afectar el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
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