Campesino resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersona en Antioquia

La presencia de grupos armados en el nordeste de Antioquia sigue representando un riesgo para las comunidades rurales, en medio de disputas por el control territorial que afectan tanto a la población civil como a la fuerza pública.

En zona rural del municipio de Anorí, un campesino de avanzada edad resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersona.

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El incidente ocurrió en el sector que abarca las veredas Tenche Abajo, Usura y Tacamocho, donde el artefacto explosivo se activó mientras la víctima realizaba labores agrícolas.

Como consecuencia, el hombre perdió su pierna izquierda y sufrió heridas de consideración en otras partes del cuerpo.

El hecho fue atendido de inmediato por el cuerpo de bomberos de Anorí, que trasladaron a la víctima al hospital San Juan de Dios, ubicado en el casco urbano del municipio, para recibir atención médica de urgencia.

La alcaldía de Anorí confirmó que se activaron todos los mecanismos de socorro disponibles para garantizar una respuesta rápida ante este acto de violencia que afecta directamente a la población civil.

La situación genera creciente preocupación en el territorio ante la posible presencia de campos minados, una estrategia utilizada por los grupos armados para restringir el acceso tanto de la fuerza pública como de actores rivales.

Este tipo de riesgos ha sido una de las razones que dificultan el retorno de familias desplazadas en municipios como Briceño y El Bagre, donde recientes enfrentamientos han forzado el éxodo de habitantes.

El panorama se complica por el temor de los líderes comunitarios a suministrar información sobre zonas con explosivos, ante el riesgo de represalias por parte de los grupos ilegales. Esto ha limitado los esfuerzos de las autoridades para adelantar labores de desminado y reducir la amenaza para la población civil.

Campesinos de Antioquia enfrentan el peligro de minas antipersona tras el retorno a sus tierras

La Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia ha advertido sobre un grave riesgo que afecta a las comunidades rurales de la región: la presencia de minas antipersona, un peligro que consideran un legado directo del conflicto armado.

Según informó la organización, estos explosivos fueron instalados por grupos armados ilegales durante enfrentamientos con el Ejército, dejando el territorio contaminado y poniendo en peligro a los habitantes que intentan retomar sus actividades cotidianas.

De acuerdo con declaraciones de José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación, la situación actual era previsible desde el momento en que las familias desplazadas comenzaron a regresar a sus hogares. Hernández explicó que, tras un desplazamiento masivo, se alertó al Gobierno nacional sobre la falta de garantías para el retorno seguro de los campesinos.

“Cuando hubo el desplazamiento masivo, dijimos que estas familias vuelven con un alto riesgo, porque no están las garantías para la gente volver y no están las garantías para la gente estar en ese territorio”, afirmó a Caracol Radio.

Las minas antipersona, según detalló la Asociación, son el resultado de las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, quienes se disputan el control de actividades ilícitas en la región. Estas disputas han generado un impacto devastador en la población civil, que no solo enfrenta el riesgo de los explosivos, también las consecuencias de la violencia prolongada.

La región, que llegó a registrar el desplazamiento de hasta 400 personas debido a los enfrentamientos, sigue siendo un territorio marcado por la inseguridad. Según consignó la Asociación, las minas antipersona representan una amenaza constante para los campesinos que trabajan la tierra, así como para las familias que intentan reconstruir sus vidas en medio de un entorno hostil.

Ante esta situación, las organizaciones campesinas han exigido al gobierno en todos sus niveles —municipal, departamental y nacional— que actúe de manera inmediata para garantizar la seguridad de las comunidades.

Entre las demandas principales se encuentra la descontaminación del territorio, una medida que consideran esencial para permitir que las familias puedan habitar y trabajar en sus tierras sin temor a sufrir accidentes fatales.