El 80% del Chocó está minado, según gobernadora: “La crisis humanitaria que se está viviendo no tiene precedentes”

La situación de orden público en Colombia está empeorando en algunos departamentos debido a las acciones criminales de los grupos armados y la lucha por el control del territorio. En Chocó, enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se han extendido por varios días, han causado el desplazamiento de 3.600 personas, aproximadamente, y el confinamiento de más de 12.600.

La situación, aunque no es equiparable con la de la región del Catatumbo (Norte de Santander), donde más de 50.000 personas dejaron sus hogares por la guerra, es muy grave. De hecho, según denunció la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, la problemática que se está enfrentando no tiene precedentes.

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“La crisis humanitaria que está viviendo el Chocó no tiene precedentes (…). Hoy tenemos una dimensión de crisis que no tiene ningún tipo de referencia anterior. En este momento, desde el momento en el que yo viajé hasta hoy, van 72 horas de combates entre el ELN y el Clan del Golfo en la cuenca media del río San Juan″, detalló la funcionaria ante funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La gobernadora recordó que embajadores y funcionarios de la OEA estuvieron recorriendo la cuenca media dos años antes. Para entonces, se planteó la necesidad de establecer un requisito para sostener las negociaciones de paz con grupos armados. Según detalló, se debe garantizar el cese de hostilidades directas contra del derecho internacional humanitario (DIH) y contra la población civil.

Pues, la integridad y la vida de los habitantes está en un alto riesgo debido a la instalación de minas antipersonales en casi todo el territorio. “El departamento del Chocó está minado, las minas antipersona están en prácticamente el 80% del territorio”, advirtió.

Las consecuencias ya empiezan a evidenciarse. La población que trabaja el campo no puede salir a cultivar, por el riesgo de detonar, por accidente, una mina. Además, hay menores de edad que han perdido sus piernas por cuenta de la instalación de los artefactos explosivos.

Los combates se están presentando, justamente, a pocos metros de las viviendas de los ciudadanos y de los colegios. “No hay respeto alguno por detener las hostilidades directas“, aclaró la funcionaria, afirmando que el cese al fuego pactado entre el Estado colombiano y los grupos armados en los diferentes procesos de negociación no puede aplicar únicamente para el Ejército Nacional.

“Yo no puedo quedarme callada en un escenario como la OEA, cuando en este momento estos combates generan confinamiento y desplazamiento, o se están llevando a las niñas en reclutamiento forzado. Apenas ayer se me llevaron dos niñas de una comunidad”, denunció. Adicionalmente, informó que un gobernador indígena también fue secuestrado.

La situación implica un problema para los objetivos de gobierno planteados por la funcionaria antes de llegar al cargo. Pues, sus esfuerzos ahora deben estar orientados a respaldar a las familias afectadas desde el sector humanitario.

“Cuando esto pasa, mi plan de gobierno se ve en jaque, porque debo dedicarme, volcarme, a la atención humanitaria, que es mandar alimentos, tratar de mandar medicinas y no seguir un plan de desarrollo”, explicó la gobernadora.

Así como la mandataria departamental, líderes sociales alertaron sobre la crisis que se vive en Chocó, que está afectando gravemente a la población. Se han presentado amenazas contra los ciudadanos, lo que ha derivado en el desplazamiento masivo y en el confinamiento de buena parte de los habitantes.

“Es una preocupación que estos grupos quieran amedrentar e intimidar a la comunidad. En el río San Juan, casi 2.000 familias indígenas están confinadas”, explicó el líder social y coordinador de la Guardia Cimarrona, Yeison Mosquera, a Blu Radio.