La captura de Giovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña, llevada a cabo en la noche del 12 de febrero de 2025, sigue generando polémica y cuestionamientos en diferentes sectores políticos y de Gobierno, dado que el máximo comandante de los Comandos de Frontera continuaría con sus actividades delictivas mientras integra la mesa de negociación de paz.
Rojas es señalado de liderar actividades de narcotráfico, razón por la que su arresto se logró por orden de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una circular roja emitida por Interpol.
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Cabe señalar que, la captura corresponde a un proceso penal abierto en el Distrito Sur de California (Estados Unidos) desde 2017, por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Al respecto, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, defendió la actuación de las autoridades enfatizando en que el país está obligado a cumplir con los compromisos internacionales derivados de los tratados que ha suscrito.
Asimismo, explicó que la orden de captura de Interpol no podía ser ignorada, ya que Colombia forma parte de este sistema internacional de cooperación judicial, por lo que el principio de pacta sunt servanda obliga a los Estados a cumplir con los acuerdos internacionales, resultando determinante en la decisión de proceder con la captura del presunto delincuente.
Según explicó la ministra Buitrago a W Radio, tras la detención de alias Araña, se inició un procedimiento de legalización que debe completarse en un plazo de cinco días. El siguiente paso será que Estados Unidos presente una solicitud formal de extradición a través de los canales diplomáticos.
Una vez recibida esta solicitud, el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia, que evaluará si procede la entrega del detenido. En caso de que el alto tribunal avale la extradición, la decisión final recaerá en el presidente Gustavo Petro, que podrá optar por extraditar o no al capturado, siempre y cuando justifique su determinación.
En ese sentido, la ministra también recordó que el presidente Petro ha sido enfático en que los integrantes de las mesas de diálogo no pueden continuar involucrados en actividades ilegales mientras participan en los procesos de negociación.
“Si la Corte Suprema de Justicia dice que se puede extraditar, el Gobierno tiene la opción de extraditar o no, pero realizando algunos planteamientos de orden particular. Y recordemos que el mismo presidente de la República ha dicho que las personas no pueden estar generando actividades ilícitas de narcotráfico ni de otra índole cuando están sentados en la mesa de paz” afirmó Buitrago al medio citado.
Otty Patiño lanzó fuertes críticas por el procedimiento contra Araña
El alto comisionado de Paz, Otty Patiño, contrario a la postura de Buitrago, defendió la participación de alias Araña en la mesa de negociación con los Comandos de la Frontera, al asegurar que su captura representa un revés para el proceso de paz en curso.
Durante el operativo, el cual ocurrió mientras finalizaba un prometedor ciclo de negociaciones, Patiño se encontraba presente y expresó su inconformidad respecto a la manera en que se desarrolló la captura.
En declaraciones a Noticias Caracol, sostuvo que, aunque Rojas deba responder por sus actos, estas acciones judiciales no deberían interrumpir la continuidad de las negociaciones con grupos armados disidentes, incluso cuando estos estén involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico. Según el consejero, “no puede ser que la justicia [...] de un manotazo trate de acabar con ese proceso”.
Patiño también abordó la naturaleza ilegal de las actividades que sustentan a estos grupos y afirmó que asumir lo contrario sería ingenuo. Destacó que “todas las estructuras armadas viven de la ilegalidad” y que el narcotráfico sigue siendo uno de sus principales recursos, algo reconocido desde hace tiempo.
Y es que la situación escaló cuando Patiño intentó detener la captura de Rojas mediante la comunicación con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la ministra de Justicia. No obstante, ambas argumentaron que la medida de suspensión de órdenes emitida por el órgano de investigación no aplicaba para las circulares de Interpol, lo que permitió que el procedimiento se materializara pese a las objeciones.
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