Cathy Juvinao lanzó propuesta para reforma a la salud: congresistas firmaron la iniciativa para “financiar el reajuste de la UPC”

Tras el debate sobre la reforma a la salud en la sesión extraordinaria del jueves 13 de febrero, la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del Partido Verde, hizo pública una propuesta presentada por varios congresistas para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sin generar un impacto fiscal adicional. La iniciativa busca reasignar 2.7 billones de pesos dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, en respuesta a las directrices de la Corte Constitucional establecidas en el Auto 007 de 2025.

A través de sus redes sociales, la legisladora opositora del Gobierno nacional anunció la medida y enfatizó la necesidad de cumplir con la orden de la Corte sin recurrir a una reforma tributaria: “Enviamos a la Corte Constitucional y al Ministerio de Salud una propuesta para financiar el reajuste de la UPC, para cumplir el Auto 007 de 2025, con recursos actuales y sin reforma tributaria”, afirmó la congresista.

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Cabe destacar que, la UPC en Colombia es el valor anual que el sistema de salud reconoce por cada afiliado a las EPS para garantizar la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Este monto se calcula con base en factores como la inflación en salud, la siniestralidad y el costo de los servicios médicos. Para 2025, el Gobierno nacional anunció un aumento del 5,36% en la UPC, ajustándola a la inflación, aunque congresistas señalaron que este incremento no refleja un crecimiento real en términos de cobertura y calidad del servicio.

Reasignación de recursos en el Ministerio de Salud

El grupo de representantes, que incluye a Katherine Miranda (Alianza Verde), Piedad Correal (Partido Liberal), Julia Miranda Londoño (Nuevo Liberalismo), Juan Sebastián Gómez (Alianza Verde), Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Alejandro García (Alianza Verde) y Cristian Avendaño(Alianza Verde), envió una carta tanto a la Corte Constitucional como al Ministerio de Salud.

En el documento, los legisladores proponen que se trasladen 2.7 billones de pesos del rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993″ al de “Aseguramiento en Salud”. Según los firmantes, este ajuste permitiría cubrir el rezago en la UPC de 2021, 2022 y 2023 con recursos ya asignados.

De acuerdo con los congresistas, este rubro experimento un incremento significativo en los últimos años, pasando de 148.000 millones de pesos en 2022 a 4.3 billones en 2025; sin embargo, identificaron problemas en su ejecución:“A pesar del crecimiento presupuestal, se evidencian dificultades en la ejecución, con 44 hospitales que registran un 0% de ejecución y miles de equipos básicos de salud cuya operación no ha sido debidamente documentada”.

En el documento presentado por los legisladores se lee que: “Miles de supuestos equipos básicos de salud que, aunque el ministerio señala que ya hacen presencia en todo el territorio nacional con aproximadamente 10.000 unidades, la cartera no ha reportado información detallada de dónde están esos equipos, quiénes los conforman, cuánto cuestan y, más importante aún, qué resultados han generado. Si a lo anterior se suma que para la ejecución de este rubro para 2024 fue del 38% y para 2023 fue del 10%, los representantes solicitan un traslado presupuestal inmediato de 2.7 billones inicialmente, cifra que, según la Corte Constitucional, saldaría el rezago 2021-2023″.

Desde febrero de 2024, Cathy Juvinao había alertado sobre inconsistencias en el cálculo de la UPC. En un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, expuso que la metodología utilizada consideró proyecciones por debajo de la inflación, lo que generó una disminución real del 4,55%. Para 2025, según su denuncia, el ajuste de la UPC se realizó con base en la inflación, sin un crecimiento real en términos de cobertura y costos del servicio de salud.

El traslado presupuestal propuesto, afirman los representantes, permitiría ajustar los pagos atrasados sin afectar otros rubros ni requerir nuevas fuentes de financiamiento. Con esta medida, se busca garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud sin generar más carga fiscal para el Estado ni para los ciudadanos.