El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia bajo la acusación de hostigamiento agravado.
Según informó el alto tribunal, el congresista habría promovido actos discriminatorios contra el presidente Gustavo Petro y exmiembros del movimiento M-19, utilizando medios de comunicación para difundir mensajes que, presuntamente, incitaban a la eliminación de estas personas por razones ideológicas.
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Esta decisión generó una fuerte reacción por parte del legislador, que calificó la medida como excesiva.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Corte Suprema de Justicia, la investigación se centra en la presunta instigación de Polo Polo a través de redes sociales y otros canales de comunicación.
En particular, se le acusa de haber compartido contenido que podría interpretarse como incitación a la violencia. Uno de los hechos señalados es el retuit de un video en el que manifestantes quemaban un muñeco con la imagen del presidente Petro. Este acto, según el congresista, es la base de la acusación en su contra, lo que generó su rechazo público.
Polo Polo vincula su llamado a juicio con una posible persecución tras anunciar su precandidatura presidencial.
El congresista expresó su descontento con la decisión judicial a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, Polo Polo afirmó: “La Corte me lleva a juicio por retwittear un video de una protesta en la que manifestantes queman un muñeco con la cara de Petro. ¡POR RETWITTEAR! Pero quienes sí quemaron el Palacio de Justicia en 1985 y promovieron la quema de policías, militares, CAI y comercios durante el ‘estallido’ de 2021, hoy están libres y gobernando”.
Estas declaraciones reflejan su postura crítica frente al fallo judicial y su percepción de un trato desigual hacia él en comparación con otros actores políticos.
El congresista también vinculó esta decisión judicial con sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En otro mensaje publicado en la misma red social, Polo Polo señaló que, tras anunciar su intención de ser precandidato presidencial, fue llamado a dos juicios en un mismo día.
Polo Polo afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia se debió a su intención de ser precandidato presidencial
“Tan solo anuncié mi intención de ser PREcandidato a la Presidencia de la República, proponiendo una unión republicana en la que TODOS los candidatos de centro-derecha y derecha participemos en una consulta para elegir un candidato ÚNICO y así vencer al petrismo en 2026. A menos de 15 días de mi anuncio, me llaman a dos juicios en el mismo día ¡IMPRESIONANTE! ¿Qué se está moviendo?”, escribió el congresista.
Esta no es la primera vez que Miguel Polo Polo enfrenta acusaciones legales relacionadas con sus declaraciones o acciones. El congresista también había sido señalado por presunta injuria contra el Gustavo Bolívar, actual director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Este caso se suma a una serie de controversias en las que Polo Polo ha estado involucrado desde que afirmó su cargo como representante a la Cámara.
Otro episodio que generó críticas hacia el congresista ocurrió a finales del año pasado, cuando fue denunciado por el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda y por madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En esa ocasión, Polo Polo se grabó arrojando a la basura unas botas que formaban parte de un homenaje a las víctimas de los llamados falsos positivos, un acto que fue considerado ofensivo por los denunciantes.
Las acusaciones contra el congresista, así como sus declaraciones públicas, reflejan las divisiones ideológicas que marcan el panorama político actual del país. Además, el caso pone de manifiesto el papel de las redes sociales como escenario de confrontación política y como herramienta para la difusión de mensajes que pueden ser objeto de escrutinio legal.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia también plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de las plataformas digitales en el debate político. Mientras que Polo Polo defiende su derecho a compartir contenido en redes sociales, el tribunal considera que sus acciones podrían constituir un delito de hostigamiento agravado, lo que abre un debate sobre la responsabilidad de los actores políticos en el uso de estos medios.
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