Exalcalde de Guadalupe, Huila, en la mira de la Procuraduría por omitir contratación de Bomberos

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Guadalupe, Huila, Charles Barrera Zúñiga, por presuntamente incumplir sus deberes al no garantizar los acuerdos necesarios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Según la investigación, la omisión se habría extendido en el periodo comprendido entre 2021 y 2023, afectando la prestación del servicio de emergencia.

El Ministerio Público advirtió que esta situación podría evidenciar una falta de diligencia por parte del exalcalde, lo que habría incrementado la vulnerabilidad del municipio ante emergencias. Además, señaló que la ausencia de acuerdos con el cuerpo de bomberos pudo haber afectado la capacidad de respuesta ante incidentes y obstaculizado la implementación de estrategias de prevención de riesgos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, investiga al exalcalde Charles Barrera Zúñiga por presuntamente incumplir su deber de garantizar el servicio de bomberos en el municipio. Según el ente de control, su actuación habría afectado la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y emergencias, vulnerando lo establecido en la Ley General de Bomberos de Colombia, Ley 1575 de 2012.

Según el ente de control, no se encontró una justificación válida para esta omisión, lo que habría aumentado la vulnerabilidad del municipio frente a emergencias, generado demoras en la atención de incidentes y dificultado la ejecución de programas de prevención de riesgos. “Sugiere una posible negligencia por parte del disciplinado, toda vez que no se advierte una justificación válida para la omisión de suscribir el contrato o convenio que garantizara la prestación del servicio”, explicó el órgano de control sobre la situación.

La entidad considera que Charles Barrera Zúñiga habría incumplido los principios de moralidad, eficacia y responsabilidad en el ejercicio de su cargo. El ente de control determinó que su presunta omisión constituye una falta grave, clasificada como culpa gravísima.

Según Blu Radio, el capitán Édinson Fernández, delegado Departamental de Bomberos del Huila, señaló que este caso debería servir como un precedente no solo para el departamento, sino para todo el país. Fernández enfatizó que garantizar el servicio de bomberos es una responsabilidad directa de los alcaldes, que están obligados a cumplir con la normativa vigente.

“Es la primera vez que se toman medidas disciplinarias en el departamento y yo creo que abre la puerta para otras que ya vienen en curso, porque son reiterados los llamados que hacemos a las administraciones quienes hacen caso omiso, situación que vulnera incluso los mismos derechos de nuestras unidades porque al no someterse a la suscripción de los respectivos convenios no se puede garantizar una prestación eficiente de este servicio”, comentó para el medio antes mencionado.

De acuerdo con Blu Radio, hasta el momento solo siete alcaldes han suscrito los convenios necesarios con los Cuerpos Voluntarios de Bomberos, una situación que deja en vulnerabilidad a varias localidades ante posibles emergencias. La falta de estos acuerdos compromete la prestación de un servicio esencial para la seguridad y el manejo de riesgos en los municipios.

“En este momento solamente tenemos siete municipios que han suscrito convenio y pues ya la Procuraduría y la Contraloría tienen conocimiento de esta situación y esperamos que también se dé apertura a los respectivos procesos disciplinarios en contra de esas administraciones que hacen caso omiso al cumplimiento de la norma”, comentó Édinson Fernández.

Los señalamientos de la Procuraduría contra el exalcalde de Guadalupe, Huila, Charles Barrera Zúñiga, no se limitan a su presunta omisión en la firma de convenios con los bomberos. En enero, el ente de control también le formuló pliego de cargos por la aparente desvinculación irregular de Gloria Mireya Gutiérrez Gil, quien se desempeñaba como gerente de la ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe durante su administración (2020-2023).

Según el ente de control, el exalcalde le habría exigido firmar una carta de renuncia en el momento de su posesión y, meses después, utilizó ese documento para retirarla del cargo. Esto indicaría que la dimisión no fue voluntaria, sino producto de una decisión impuesta por el entonces mandatario local.