Crisis en el Catatumbo: UNP evalúa evacuar a 3.500 personas tras la escalada de violencia y la conmoción interior

Ante el deterioro de la seguridad en la región del Catatumbo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) considera la evacuación de aproximadamente 3.500 personas como parte de un conjunto de medidas extraordinarias de protección. Esta iniciativa surgió en respuesta al Estado de conmoción interior decretado en el área, que también incluyó a los municipios del área metropolitana de Cúcuta y a las localidades de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con lo establecido en el decreto 0137 de 2025, esta intervención tiene como propósito salvaguardar a individuos, comunidades y grupos vulnerables frente a las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH), ocasionadas por la acción de grupos armados y otros actores violentos. Esta normativa se derivó del decreto 0062 de 2025, mediante el cual se formalizó la declaratoria de conmoción interior en la zona.

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Como parte de su plan de respuesta, la UNP determinó que, además de las 11 evaluaciones colectivas ya en curso, se requería la realización de unas 3.500 evaluaciones individuales y nueve colectivas adicionales. La entidad señaló que estas acciones eran esenciales para garantizar su funcionamiento y atender con urgencia la crisis humanitaria generada por la escalada de violencia en la región.

Tras un análisis de contexto, la UNP concluyó que la situación de orden público en el Catatumbo empeoró significativamente. La entidad destacó que las cifras relacionadas con el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades y los homicidios en la región evidenciaban un alarmante deterioro de las condiciones de seguridad.

Ante este panorama, la UNP decidió implementar un conjunto de medidas para fortalecer la protección tanto colectiva como individual. Inicialmente, las solicitudes se gestionaban a través de la ruta ordinaria de protección, pero debido a la gravedad de la crisis, se estableció que este procedimiento sería sustituido temporalmente por un mecanismo extraordinario de emergencia, contemplado en el decreto vigente mientras durara la declaratoria del Estado de conmoción,

Sobre este punto, la entidad precisó que “se establecerá que, en el mecanismo extraordinario de emergencia colectiva, las entidades de la Rama Ejecutiva a nivel nacional, departamental y municipal formulen de manera expedita un Plan Institucional de Prevención y Protección Colectiva para el área de influencia geográfica definida”.

Con el propósito de fortalecer la respuesta institucional ante la creciente crisis de seguridad en el Catatumbo y sus alrededores, las autoridades competentes determinaron la creación de un mecanismo especial de coordinación interinstitucional. Dicho mecanismo tiene como objetivo principal garantizar que las medidas de protección colectiva fuesen implementadas de manera efectiva, articulada y con un enfoque integral, en beneficio de las poblaciones vulnerables.

Además, la UNP estableció que todas las solicitudes de protección provenientes de la zona de influencia serían gestionadas exclusivamente a través del mecanismo extraordinario de emergencia. Esta decisión obedeció a la necesidad de agilizar la atención de los casos, dada la magnitud del riesgo al que estaban expuestas diversas comunidades y grupos en la región.

En este contexto, la entidad señaló la importancia de gestionar todas las solicitudes provenientes de la zona de influencia a través del mecanismo extraordinario de emergencia. Esta medida, según lo señalado por la UNP, permitiría atender de manera más rápida y eficiente las necesidades de protección de las personas en riesgo dentro de este territorio.

Asimismo, se enfatizó que la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección asume un papel fundamental en la responsabilidad compartida de garantizar derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. En particular, esta labor adquiere una relevancia especial en la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes, tras su proceso de reincorporación a la vida civil, requieren medidas específicas para salvaguardar su bienestar ante la compleja situación de orden público en la región.