Abatieron a alias Cancharino, jefe de finanzas de un bloque de las disidencias de las Farc: operaba en varios departamentos

Uno de los criminales más buscados en Colombia por su vinculación a grupos armados y por estar detrás de atentados fue abatido por el Ejército Nacional en zona rural de Rovira, Tolima. De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, se trata de Fabián Guillermo Espinoza Arboleda, jefe de finanzas del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. El sujeto es conocido como alias Cancharino, alias Alexis, alias Rodrigo Castro o alias Cristián Guerra.

Según informó el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, en la operación contra la extorsión y el secuestro realizado por tropas de la Sexta Brigada de la Quinta División del Ejército, fue abatido otro guerrillero. Además, cinco personas fueron capturadas y los uniformados lograron incautar abundante material de guerra y municiones.

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Con respecto a alias Cancharino se sabe que era señalado de generar terror en la población de por lo menos seis departamentos: Caquetá, Meta, Huila, Vaupés, Putumayo y Tolima; fue responsable de varios casos de extorsión y de asesinato. Asimismo, habría participado en un reciente atentado en contra de funcionarios de las tiendas D1 de Doncello en Caquetá. Junto con el guerrillero, fueron abatidos otros disidentes de las Farc en el operativo militar.

En su momento, W Radio reveló una grabación que correspondería a “Cancharino”, en la que se le escucha amenazar al encargado del supermercado. “Vengo haciéndole un llamado a los supermercados D1 (…) yo sé que este número es del señor encargado del D1 de Paujil y Doncello, manden un delegado si le da miedo venir, lo que hicimos anoche fue una demostración que sí somos capaces de hacer lo que queramos”, indicó.

Así fue el atentado a la tienda D1 de Doncello: encargado estaba siendo buscado por las disidencias

El atentado en cuestión fue perpetrado el martes 11 de junio de 2024. Hombres armados detonaron un artefacto explosivo de baja potencia justo al frente del establecimiento comercial. Una semana después de lo ocurrido, las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables del ataque.

Se trata de Jesús David Cano, alias David Morales, que sería el jefe de finanzas del frente Rodrigo Cadete, de las disidencias de las Farc. Se le vincula con casos de extorsión y con el asesinato de Luis Carlos Pineda, habitante de Caquetá que fue víctima de homicidio el 9 de marzo de 2024. El hombre, que también operaba en los municipios de Algeciras y Garzón, en Huila, fue detenido cerca del aeropuerto de Florencia, en Caquetá.

En ese momento también surgió la hipótesis de que el atentado iba dirigido a la estación de Policía de Doncello. Sin embargo, las afectaciones se presentaron en el D1 y los audios revelados por medios de comunicación evidenciaron que el ataque fue una retaliación por parte de las disidencias de las Farc en contra del encargado, que había citado para encontrarse con miembros de la estructura armada que están detrás de las extorsiones a comerciantes del municipio.

“Si no se presentan, comenzaremos entonces a actuar contra los trabajadores, dueños o encargados, lo que sea, de esos almacenes en todos los diferentes municipios. Voy a acabar con la distribución que usted hace en el Huila. Entonces, no se asuste que en cualquier momentico le suena, pues, un carro quemado, un chofer tiroteado o la casa bombardeada a punta de bombas” es escucha en otro apartado de la grabación que correspondería a alias Cancharino.

El disidente abatido en Tolima también fue señalado de obligar a representantes de varios sectores del San Vicente del Caguán a pagar cuantiosas extorsiones. Junto con él, otros ocho hombres se encargaron de exigir los pagos a los ciudadanos.

Así las cosas, la Gobernación de Tolima expuso un cartel de alerta, informando que estaba en la búsqueda del jefe de finanzas de las disidencias y extorsionista. La recompensa que había anunciado por información sobre su paradero ascendía hasta los $300 millones, garantizando la absoluta reserva, trazabilidad y legalidad en el recibimiento de los datos.