El abogado defensor de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó una solicitud ante el juez 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla para revocar la medida de aseguramiento que le fue impuesta desde agosto de 2023.
La petición se fundamenta en las amenazas de muerte que, según la defensa, ha recibido el acusado, quien enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia, el abogado Alejandro Carranza argumentó que las amenazas ponen en peligro la vida de Nicolás Petro y solicitó que, en lugar de la medida de aseguramiento actual, se impongan medidas alternativas que garanticen su seguridad.
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En este sentido, propuso dos escenarios: la limitación de la restricción únicamente a la salida del país, con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, o bien la concesión de la libertad total.
La solicitud se enmarca dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, relacionado con el incremento de su patrimonio, y se presenta en medio de un contexto tenso, dada la implicación pública de Nicolás Petro como hijo del presidente.
Asimismo, la defensa presentó una lista de testigos clave que serán llamados a declarar durante el juicio, entre los cuales figuran figuras como Máximo Noriega, Germán Burgos, Samuel Santander Lopesierra, Laura Ojeda (actual pareja de Nicolás Petro) y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
También se incluyó a Day Vásquez, expareja de Petro, así como varios empresarios y exfuncionarios que podrían aportar información relevante al caso. Peritos como Mauricio Javier Vargas Sánchez y Luis Fernando García también participarán en el proceso judicial.
La audiencia de este miércoles 5 de febrero será crucial para el futuro judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Si el juez acepta la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento presentada por su defensa, Petro Burgos podría quedar en libertad, lo que representaría un giro significativo en el proceso.
Sin embargo, la decisión final dependerá de la evaluación de las amenazas que según su abogado justifican la revisión de las medidas. Mientras tanto, la atención se mantiene en las próximas etapas del juicio, con la audiencia preparatoria programada para el 12 y 13 de febrero, donde se definirán las pruebas clave que se presentarán en el juicio.
“Señor juez, no, yo soy inocente”
A pesar de las acusaciones, Nicolás Petro ha reiterado su inocencia frente a los cargos, tal como lo hizo durante la audiencia preparatoria celebrada el pasado 13 de enero, donde afirmó ante el juez: “señor juez, no, yo soy inocente”.
De acuerdo con lo reportado, la audiencia tuvo como objetivo principal la presentación de las pruebas que la defensa planea utilizar durante el juicio. En este contexto, Nicolás Petro se declaró inocente de los cargos que se le imputan, afirmando ante el juez: “Señor juez, no, yo soy inocente”.
La defensa, liderada por Carranza, también presentó un listado de más de treinta testigos, entre los que se encuentran figuras destacadas como la exvicefiscal Martha Mancera, el fiscal Mario Burgos, su expareja Day Vásquez, el empresario Samuel Santander Lopesierra y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
El juez Hugo Carbonó explicó que la presencia física de Nicolás Petro en el recinto judicial obedeció a la necesidad de garantizar sus derechos fundamentales y procesales.
En diciembre de 2024, la defensa había solicitado la suspensión de la audiencia para contar con más tiempo para preparar su estrategia. En ese momento, el abogado Carranza aseguró que no tardaría tanto como la Fiscalía en presentar sus argumentos, pero que necesitaba el tiempo adicional para garantizar una defensa adecuada.
Uno de los aspectos más destacados de la audiencia fue el llamado a declarar a más de treinta personas, entre las que se encuentra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Según explicó el abogado Carranza, la participación de Roa podría ser clave para demostrar la legalidad de los recursos que la Fiscalía considera ilícitos y que sustentan las acusaciones contra Nicolás Petro.
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