Exgobernador de San Andrés tendrá que responder por $15.900 millones que debían haberse destinado para proyectos de turismo

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por posibles irregularidades en la planeación y ejecución de un proyecto destinado al fortalecimiento del turismo y la reactivación económica de la isla.

Según informó el organismo de control, dicho proyecto se encontraba financiado con recursos del Sistema General de Regalías por un valor superior a los 15.900 millones de pesos.

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Igualmente, la entidad detalló que esta investigación también vincula a otros funcionarios de la administración departamental, así como representantes de diferentes entidades que respaldaron la iniciativa. Entre los investigados se encuentran Jonathan Taylor Díaz, exsecretario de Turismo; Nidia Angélica Hernández, exsecretaria de Planeación.

También, se encuentran Marlon Giovany Gómez Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, y que fue la entidad encargada de ejecutar el proyecto; y Beatriz Eugenia Mosquera, representante legal de Fundapacífico, fundación responsable de la interventoría de las obras.

Así mismo, la Procuraduría mencionó que las presuntas irregularidades se habrían originado en las fases iniciales del proyecto, específicamente en su formulación y estructuración. “No se habría realizado un adecuado análisis del mercado que permitiera relacionar los montos de dinero a invertir con las actividades a realizar”, explicó el organismo de control en un comunicado.

Además, el Ministerio Público indicó que durante la fase precontractual se habrían presentado inconsistencias significativas. Entre estas, destaca la falta de evidencia de un estudio detallado del sector turístico de la isla, lo que podría haber afectado la viabilidad y el impacto del proyecto.

“Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”, mencionó la Procuraduría.

El proyecto investigado tenía como objetivo principal impulsar el turismo en San Andrés, un sector clave para la economía local, especialmente tras los desafíos que enfrentó la isla en los últimos años, como lo fue la pandemia del Covid-19 y los daños causados por fenómenos naturales como el huracán Iota en el año 2020.

Exgobernador ya había sido sancionado por la Procuraduría

Esta no es la primera investigación que tendrá el organismo de control contra el exgobernador de San Andrés. En febrero de 2024, la Procuraduría sancionó con una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos.

Según el órgano de control, la decisión se tomó tras una investigación que reveló irregularidades en un contrato firmado en 2020, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, valorado en 500 millones de pesos que, para consideración de la entidad, resultó innecesario, generando un detrimento patrimonial significativo para el departamento.

La investigación de la Procuraduría mencionó que el 41% de los recursos invertidos en el contrato en cuestión ($204.700.000 aproximadamente) fueron utilizados en propaganda audiovisual y radial para la difusión de la situación sanitaria en la isla y de las medidas de protección que debía tener en cuenta la población ante el virus.

Sin embargo, se encontró que estas acciones de divulgación ya estaban garantizadas de manera gratuita por una disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 de 2020, en la que había declarado la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano, lo que evidenció la innecesariedad del gasto.

Al respecto, el exsecretario de salud, Julián Roberto Davis Robinson, se había defendido de las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el contrato, certificando que cada una de las actividades del negocio jurídico habían sido satisfactorias. No obstante, sus declaraciones no surtieron ningún peso en el proceso disciplinario.

La Procuraduría determinó que el exgobernador Hawkins no solo desconoció esta disposición, sino que también comprometió recursos públicos de manera indebida, afectando el patrimonio del departamento.

Tanto el exgobernador Hawkins como el exsecretario Davis Robinson deberán responder con 13 años de inhabilidad, por ser responsables de un grave detrimento patrimonial, registrado en medio de la pandemia, que representó serias dificultades económicas en todo el país.