Petro no descarta adelantar una consulta popular sobre deportaciones y repatriaciones ante tensiones con Trump: costaría una millonada

El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para que los ciudadanos definan la postura del país frente a las deportaciones de colombianos que están de manera ilegal en Estados Unidos.

La propuesta surgió durante una entrevista con el periodista Félix de Bedout para Univisión, en medio del desacuerdo con la administración de Donald Trump sobre las condiciones en las que los migrantes son repatriados.

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Petro reconoció que la falta de un acuerdo podría derivar en represalias económicas, como la imposición de aranceles de hasta el 50% a productos colombianos, una amenaza que Trump ya había mencionado en el pasado.

Ante este escenario, el mandatario sugirió que sean los colombianos quienes decidan, mediante una consulta popular, si el país debe aceptar a los deportados en condiciones que considera humillantes.

El presidente Petro sugirió que Colombia podría estrenar un mecanismo de consulta popular para debatir el futuro del país en relación con las deportaciones desde Estados Unidos.

“Estoy pensando en el extremo de que lo que tengamos del lado de los Estados Unidos sea soberbia (...) Estuve leyendo anoche en mis horas de angustia todo el procedimiento y lo que pasa es que no se ha estrenado en Colombia, pero yo creo que es el momento de discutirlo en la cafetería, en la calle, en la casa”, afirmó en entrevista con Univisión.

Petro destacó que la consulta permitiría un debate amplio en la sociedad sobre el rumbo del país. “Sería interesante, porque es más o menos poner a toda Colombia a discutir, muy tranquilamente, porque ahora no nos vamos a matar entre nosotros por ello. Cuál es nuestro inmediato futuro como Nación, un poquito Bolívar o Santander, esto traído a las condiciones actuales, necesitamos un camino soberano”, explicó.

El mandatario también aclaró que la consulta no incluiría temas relacionados con una posible reelección. “Ponerla como una especie de plebiscito sobre la Presidencia, pues para eso nos vamos a la reelección. Está prohibida por quienes se reeligieron, éticamente inmoral (...) pero eso no está en discusión”, aseguró.

Además, insistió en que no aceptará que los colombianos sean deportados esposados, una práctica que considera humillante y que, según él, criminaliza a los migrantes.

El primer mandatario afirmó que su gobierno no permitirá que los colombianos deportados lleguen al país esposados de pies y manos. “Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada porque el migrante no es un delincuente”, declaró.

La postura del presidente Gustavo Petro sobre las deportaciones, ya expresada anteriormente, fue reiterada pese a las recientes gestiones diplomáticas. Según informó el medio, el mandatario dejó claro que no ha cedido en su exigencia y que su gobierno está dispuesto a asumir directamente los vuelos de repatriación.

A través de la Cancillería, ahora liderada por Laura Sarabia, el Gobierno colombiano ha ofrecido encargarse de la logística de estos vuelos, una propuesta que ya fue presentada al enviado especial de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone. Petro incluso mencionó la posibilidad de evaluar el uso de cruceros para facilitar el retorno de los migrantes.

La propuesta de una consulta popular sobre el tema generó de inmediato una fuerte polémica, especialmente por los costos que implicaría. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó la viabilidad de la iniciativa.

“Desesperado Petro usando a los expulsados de EE.UU. para hacer política. Ahora se inventa una consulta popular que nos puede costar más de $300.000 millones de pesos. ¿Acaso no hay un déficit superior a los $40 billones de pesos (9.700 millones de dólares)?”, señaló Cabal en su cuenta de X.

El debate sobre los costos no se limita a la consulta. El gobierno colombiano ya ha gastado cerca de $2.200 millones de pesos en tres vuelos que permitieron el retorno de 306 colombianos desde Estados Unidos. Este gasto fue criticado por sectores de la oposición, que consideran contradictorio que el gobierno hable de falta de recursos mientras destina sumas significativas a las repatriaciones.

Además, se estima que el número de deportaciones podría superar los 70.000 casos en un año, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad económica de esta política.