El Metro de Medellín, a través de su gerente Tomás Elejalde, presentó el viernes 31 de enero una denuncia penal contra el exalcalde de la ciudad Daniel Quintero Calle por los delitos de injuria y pánico económico.
La acción legal se originó tras una publicación realizada por Quintero en la red social X, en la que afirmó que la empresa había incurrido en un default financiero.
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En su mensaje, publicado el 30 de enero a las 10:39 a. m., Quintero aseguró que “Fico llevó al Metro de Medellín, emisor de bonos, a un ‘default’ de la obligación financiera con la que la Nación financió la construcción del metro hace 25 años”. El Metro desmintió esta afirmación y explicó que tanto el departamento de Antioquia como el distrito de Medellín han cumplido con los pagos de la deuda adquirida para la construcción de las líneas A y B del sistema.
La empresa detalló que la financiación proviene, en su mayoría, de la sobretasa a la gasolina en los municipios del Valle de Aburrá y del impuesto al consumo de tabaco en Antioquia. Además, explicó que ha cumplido con el 118% de sus compromisos financieros iniciales, logrando reducir en 30 años el plazo de pago de la deuda.
El Metro de Medellín advirtió que las declaraciones de Quintero podrían afectar la emisión de bonos sostenibles programada para el 2025, con la que busca financiar proyectos como la adquisición de nuevos trenes por más de 120.000 millones de pesos y el reperfilamiento de su deuda comercial.
La empresa señaló que la confianza de los inversionistas es clave para la sostenibilidad financiera y que las informaciones falsas pueden generar incertidumbre en el mercado.
En ese sentido, destacó que la calificadora Fitch Ratings otorgó recientemente una nota AAA a la compañía, lo que ratifica su solidez financiera y su capacidad de cumplir con sus obligaciones.
La denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación se basa en que las declaraciones de Quintero podrían configurar injuria agravada, dado su alcance en redes sociales, así como pánico económico, delito que en Colombia se castiga con penas de prisión entre 32 y 144 meses y multas de hasta 750 salarios mínimos legales vigentes.
Pese a la denuncia y a la respuesta oficial del Metro, Quintero no se retractó y, en cambio, presentó como “prueba” una carta del Ministerio de Transporte enviada el 10 de enero, en la que se solicitaba a la empresa cumplir con el marco jurídico para la cofinanciación del Metro de la 80. No obstante, la empresa aclaró que esto no está relacionado con un incumplimiento financiero.
El Metro de Medellín hizo un llamado a evitar la difusión de información errónea que pueda generar pérdida de confianza en la institución y afectar su desarrollo.
La Procuraduría formula cargos contra exfuncionarias de Quintero
Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en la contratación para la adecuación de la Clínica de la 80.
Las implicadas son Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsecretaria General; y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros de Servicios.
Según el ente de control, las exfuncionarias habrían incurrido en falsedad ideológica en documento público al firmar un contrato cuyo costo inicial fue de $12.007 millones, pero que finalmente ascendió a $23.744 millones.
Una de las irregularidades más graves habría sido la afirmación de que el contrato contaba con la aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía de Medellín, lo cual, según las investigaciones, no era cierto.
El proyecto de la Clínica de la 80 nació en 2020, en medio de la pandemia de covid-19, con el propósito de aumentar la capacidad hospitalaria de Medellín.
Sin embargo, las condiciones del inmueble llevaron a que los costos se elevaran considerablemente. Posteriormente, en 2022, la Clínica Vida adquirió el inmueble, dejando a la Alcaldía en una posición difícil tras haber invertido más de $23.000 millones en su adecuación.
Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que se reconocieron $12.700 millones por las inversiones realizadas por el Distrito, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
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