
La Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra en el centro de una controversia tras la renuncia de Tania Hernández, que hasta el jueves 30 de enero ocupaba el cargo de vicepresidenta jurídica de la entidad.
Según lo informado en el Reporte Coronell, de La W, Hernández presentó su dimisión durante una reunión de la junta directiva, argumentando que no podía continuar en su puesto debido a presiones para proteger al presunto responsable de conductas de acoso laboral y de género, el abogado Gustavo Andrés Piedrahíta, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara.
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La situación se originó a partir de una denuncia presentada por una funcionaria de la Cámara contra Piedrahíta, en la que inicialmente se le acusaba de acoso sexual y maltrato laboral. Estas denuncias fueron recibidas por el presidente ejecutivo de la Cámara, Ovidio Claros, quien confirmó su existencia antes de que se hicieran públicas.
Piedrahíta, por su parte, negó las acusaciones, calificándolas como infundadas y atribuyéndolas a una supuesta intención de otros funcionarios de ocupar su cargo.

La Cámara de Comercio inició una investigación a través del Comité de Prevención del Acoso Sexual, presidido por Hernández. Durante el proceso, la presunta víctima moderó sus declaraciones iniciales, afirmando que no había hablado de acoso sexual, sino de un patrón de conducta que Piedrahíta habría ejercido sobre sus subordinadas, lo que derivaba en relaciones sentimentales.
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La reunión, que inicialmente tenía como propósito presentar los resultados de una investigación llevada a cabo a cabo durante 30 días, derivó en un tenso enfrentamiento entre los miembros de la junta directiva y la abogada Tania Hernández, que lideró el comité encargado del caso. La situación culminó con la renuncia de Hernández, que denunció presiones y maniobras para proteger al implicado, el doctor Gustavo Piedrahita.
De acuerdo con Hernández, la reunión fue convocada para escuchar la decisión del comité, pero al inicio del encuentro se notificó que Piedrahita también estaría presente. Hernández expresó que no tenía objeción a su participación, pero dejó claro que no permitiría debates, ya que el período procesal para ello había concluido.
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Durante su intervención, explicó el contexto de la denuncia, las funciones de la junta directiva y el marco normativo que rige los casos de violencia de género y acoso laboral. Sin embargo, su exposición generó incomodidad entre algunos miembros de la junta, que cuestionaron las conclusiones del comité.
“Por acoso laboral con énfasis en marcas de género, por violencia. Este es el resultado de una investigación muy seria, que además dan un término procesal muy corto y que me tomó bastante tiempo, vuelvo y les digo, con expertos, expertos que me ayudaron a poder entender esto, a poder comprender las pruebas, a tomar una decisión de la forma más objetiva para todos”, dijo Tania Hernández en una entrevista con Daniel Coronell.
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Hernández detalló que el comité, conformado según los protocolos de la Cámara de Comercio, contó con el apoyo de expertos de la Corporación Sisma Mujer y la Escuela de Abogados para garantizar una evaluación objetiva y especializada. La denuncia inicial, presentada por una funcionaria, no se centraba en un caso de acoso sexual, sino en un patrón de conducta de Gustavo Andrés Piedrahita hacia sus subordinadas, que derivaba en relaciones sentimentales y, finalmente, en acoso laboral. Posteriormente, surgieron más denuncias de otras víctimas.
Durante la reunión, Hernández explicó que el análisis del caso incluyó un estudio detallado de las normas vigentes, como la ley 9365 del 2024, que define y regula la violencia de género. Según El Reporte Coronell, esta exposición agravó el malestar en algunos miembros de la junta, como Alberto Prebisch y doctor. Botero, que consideraron que el tema era demasiado delicado para ser tratado en esos términos.
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Tania Hernández defendió su postura, argumentando que simplemente estaba citando las normas legales aplicables y que las conclusiones del comité se basaban en una investigación exhaustiva.
Uno de los momentos más críticos de la reunión ocurrió cuando Hernández denunció que el presidente de la junta, Enrique Vargas Lleras, había instruido al presidente de la Cámara de Comercio, Ovidio Claros, para que declarara públicamente que Piedrahita había sido absuelto y que no se iniciaría ningún otro procedimiento en su contra.
Según Tania Hernández, “le dan una instrucción por parte del presidente de la Junta, Enrique Vargas Lleras, al presidente de la Cámara de Comercio el doctor Ovidio Claros de que hoy saliera a mentirle al país, que hoy saliera a decirle que a el señor Piedrahita había sido absuelto. Y que además de eso, no indiciáramos ningún otro procedimiento”.
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Para la exvicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, esta instrucción buscaba desconocer las decisiones del comité y violar tanto las normas estatutarias como el código de ética de la Cámara de Comercio.
Hernández también señaló que algunos miembros de la junta mostraban un claro respaldo a Piedrahita, ignorando los testimonios de las víctimas y los hallazgos del comité.
Para Hernández, varias víctimas solicitaron anonimato debido al temor que les generaba el poder de Piedrahita y su supuesta protección dentro de la junta. La mujer afirmó que esta dinámica de poder quedó en evidencia durante la reunión, lo que, en su opinión, representa una grave vulneración de los derechos de las víctimas.
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“Escuchamos y analizamos cada una de esas manos que se levantaron, algunas pidieron anonimato, por el temor que les implica, en su momento, me parecía demasiado cuando me dijeron, “Es que tiene mucho poder, doctora.” “Doctora, él se la pasa diciéndonos, ¿cómo lo protege la junta?”. Bueno, ayer palpé ese poder y palpé la protección por parte de algunos miembros de la junta lo cual me parece inaudito con los derechos de las víctimas y las mujeres en este país”, dijo Hernández.
La abogada explicó que, debido a la renuncia de la principal denunciante, el comité de convivencia laboral ya no era competente para continuar con el caso, por lo que recomendó iniciar un proceso disciplinario a través de la gerencia de talento humano de la Cámara de Comercio.
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Sin embargo, según Hernández, la junta decidió ignorar esta recomendación y respaldar la versión de Piedrahita sin analizar los elementos de juicio presentados por el comité.
Ante esta situación, y tras una reunión marcada por tensiones y desacuerdos, Hernández presentó su renuncia de manera verbal. La abogada expresó su frustración por la falta de apoyo a las víctimas y las presiones para encubrir los hechos.
Su renuncia pone en evidencia las divisiones internas en la Cámara de Comercio de Bogotá y plantea interrogantes sobre el manejo de casos de acoso laboral y violencia de género en la institución.
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