Una denuncia por presunto abuso sexual y aborto forzado en contra de una interna del centro penitenciario El Pedregal, en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín (Antioquia), dio inicio a una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Según los informes, la víctima habría sido obligada a interrumpir su embarazo mediante la administración de sustancias abortivas en su alimentación, a pesar de su deseo de continuar con la gestación.
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De acuerdo con la denuncia presentada por la Corporación Mujeres Libres, los hechos habrían ocurrido entre agosto y septiembre de 2024.
La organización, que tuvo acceso a audios proporcionados por la víctima, señaló como presuntos responsables a los dragoneantes Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La interna, cuyo nombre no ha sido revelado, fue sometida a una prueba de embarazo por parte de la guardia del penal, la cual dio positivo. Posteriormente, fue trasladada al pabellón de lactantes y gestantes.
Sin embargo, el director del establecimiento la habría interrogado sobre las circunstancias de su embarazo, en un ambiente que la denunciante describió como hostil y de intimidación.
Días después, la reclusa sufrió fuertes dolores y fue llevada a un centro médico, donde los exámenes revelaron la presencia de sustancias abortivas en su organismo. Los informes médicos indicarían que fue sometida a un aborto forzado a través de los alimentos.
La víctima habría manifestado su intención de continuar con el embarazo, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones. Además, según la denuncia, la interna buscó apoyo en el subdirector del penal, Carlos Arturo Yepes, quien habría minimizado los hechos y, presuntamente, se burló de la situación. También se le habría solicitado guardar silencio sobre lo ocurrido.
La Fiscalía General de la Nación ha asignado el caso a una fiscal de Bogotá, quien lidera la investigación para esclarecer los hechos. Como parte de las diligencias, se ha ordenado una inspección al centro penitenciario El Pedregal.
Además, se ha solicitado la entrega de documentos y grabaciones de las cámaras de seguridad del penal, que podrían aportar pruebas clave para determinar responsabilidades.
El ente de control ha reiterado su compromiso de investigar a fondo los hechos y garantizar justicia para la víctima. Por su parte, la Corporación Mujeres Libres ha enfatizado la necesidad de proteger a las mujeres en situación de reclusión y de implementar medidas que prevengan este tipo de abusos en el futuro.
Las condiciones en los centros penitenciarios de Colombia vuelven a estar en el centro del debate público tras una denuncia que involucra a funcionarios de la institución carcelaria. De acuerdo con información revelada a inicios de enero de 2025 por Noticias RCN, los dragoneantes señalados en el caso fueron separados de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna para esclarecer los hechos.
Este incidente se suma a una serie de problemas estructurales que afectan a las cárceles del país, incluyendo el hacinamiento y la violencia, tanto entre internos como por parte de los funcionarios.
El caso denunciado no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática más amplia que afecta a los centros de reclusión en Colombia. Los reclusos enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad, marcadas por el hacinamiento y diversos tipos de violencia.
Estas situaciones no solo incluyen enfrentamientos entre internos, sino también actos de agresión y homicidios que involucran a funcionarios y directivos de las instituciones penitenciarias.
Las cárceles colombianas operan con una capacidad que supera ampliamente los límites establecidos, lo que dificulta la implementación de medidas de seguridad y el acceso a condiciones dignas para los internos.
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