Consejo de Estado aceptó demanda de exministro de Duque en contra de resolución que permitiría nombrar a exparamilitares como gestores de paz

El exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque Wilson Ruiz anunció que el Consejo de Estado admitió su demanda contra la Resolución 453 de 2024, la cual permite el nombramiento de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.

A través de su cuenta en X, Ruiz cuestionó la medida y señaló que quienes “sembraron terror en Colombia” no pueden ser reconocidos en este rol.

El exfuncionario calificó la resolución como un “insulto a las víctimas” y un “atropello a la justicia”, afirmando que la paz no debe traducirse en impunidad. Además, insistió en la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación para quienes sufrieron la violencia del paramilitarismo en el país.

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“El Consejo de Estado admitió la demanda contra la Resolución 453 de 2024, que busca nombrar a exmiembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz. ¡Sí, a los mismos que sembraron terror en Colombia! Esto es un insulto a las víctimas y un atropello a la justicia. La paz no es impunidad. Se exige verdad, justicia y reparación”, escribió el exfuncionario del Gobierno de Iván Duque por medio de su cuenta de X.

Junto con su publicación subió un video en el que argumentó su postura frente a esta situación. “Soy Wilson Ruiz, exministro de Justicia y exmagistrado. Imagínense el dolor de una madre que perdió a un ser querido, a su hijo o a sus hijos, por la violencia en nuestro país. Y ahora este gobierno de Petro quiere convertir a los responsables en gestores de paz. Para mí, eso es un descaro”, comenzó diciendo en el material audiovisual.

Ante la decisión del Gobierno de nombrar a exparamilitares como gestores de paz, el exministro de Justicia y exmagistrado Wilson Ruiz presentó una demanda contra la resolución que permite esta designación. “Por fortuna, el Consejo de Estado acaba de admitir la demanda sobre este tema”, señaló Ruiz, quien calificó la medida como un “insulto a las víctimas” y un “atropello a la justicia”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “La paz no se construye premiando a los victimarios, sino garantizando verdad, justicia y reparación, incluyendo la integración de las víctimas. Este gobierno no puede usar la llamada “paz total” como una excusa para otorgar beneficios a quienes le hicieron tanto daño a nuestro país”.

Y es que, en repetidas oportunidades el exministro de la anterior administración pública del país ha cuestionado la gestión en seguridad del Gobierno Nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Además también a critica la iniciativa de la Paz Total que tiene como objetivo dialogar con varios de los grupos armados del país.

Wilson Ruiz concluyó su video diciendo que “Colombia merece una paz con justicia y no con engaños. Por eso, he llevado esta lucha ante las instancias correspondientes, como las más altas cortes de nuestro país. Confío en que el Consejo de Estado actuará con el rigor que exige la defensa de nuestra nación”.

La demanda presentada por el exministro Wilson Ruiz no fue la única acción legal contra la resolución que designa a exjefes paramilitares como gestores de paz. En noviembre de 2024, el Consejo de Estado ya había admitido una demanda interpuesta por la congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, en la que también cuestionaba la medida impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, con la admisión de la demanda de Ruiz en enero de 2025, crecen las disputas jurídicas en torno a esta decisión.

La resolución del Gobierno Petro en cuestión favorece a exjefes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso Gómez, Ramón María Isaza Arango y Rodrigo Tovar Pupo, señalados por su participación en graves violaciones de derechos humanos. La congresista Katherine Miranda advirtió en aquel momento que esta medida no solo amenaza la memoria de las víctimas, sino que también sienta un precedente inquietante respecto al tratamiento legal de quienes han cometido crímenes de gran magnitud.