Empresarios colombianos habrían usado piqueteaderos y otras empresas como fachadas para traficar cocaína: estaban siendo buscados por la DEA y FBI

Jorge Hernán González Ortiz, de 50 años, y Carlos Andrés Aldana Gil, de 43, ambos empresarios colombianos, se declararon culpables de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos, tras un operativo conjunto entre las autoridades colombianas y estadounidenses.

Desde 2016 hasta 2023, González Ortiz, líder de la organización, coordinó una red criminal que utilizaba vuelos comerciales para transportar grandes cargamentos de cocaína.

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Los envíos partían del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Colombia, donde la droga era camuflada en cajas de fruta. Luego, los cargamentos eran enviados al aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés, desde donde se trasladaban por barco a Nicaragua o Honduras. Posteriormente, la cocaína seguía su ruta hacia México y finalmente llegaba a EE.UU.

Según el documento de la Oficina de Justicia de Estados Unidos, entre 2016 y 2023, la red logró introducir cocaína en al menos 27 vuelos comerciales, acumulando un total de 43.000 kilogramos (94.798 libras) de la droga. La operación se mantenía gracias a la corrupción de policías en Colombia, quienes facilitaban la descarga de la droga y su traslado hacia embarcaciones para su envío a otros países.

Aldana Gil, que se encargaba de la logística entre 2021 y 2023, jugó un papel clave al coordinar el transporte de la droga, pagar sobornos a un supervisor de seguridad para desactivar las cámaras de vigilancia en el aeropuerto y manipular los manifiestos de carga. Además, contrataba a los encargados de cargar la cocaína en los aviones.

La red fue interceptada en julio de 2023, cuando las autoridades colombianas incautaron uno de los cargamentos de cocaína en San Andrés, lo que permitió desmantelar parte de la operación. Los dos acusados enfrentan ahora una posible condena de cadena perpetua en prisión federal, aunque aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.

Habrían utilizado piqueteaderos como ‘tapadera’ para su negocio

La investigación reveló que González Ortiz utilizaba negocios aparentemente legales como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Según El Tiempo, se rastrearon dos empresas vinculadas al empresario: una cadena de locales de comida conocida como Fritanga La Negra y una empresa de espectáculos.

El primer local de comida abrió en 2019 con un capital inicial de 30 millones de pesos colombianos (aproximadamente 7.500 dólares estadounidenses).

De acuerdo al medio citado, en solo cinco años, los ingresos de la cadena superaron los 1.500 millones de pesos (alrededor de 375.000 dólares). Sin embargo, un socio de González Ortiz aseguró al medio que el negocio tiene más de 40 años de historia y que no está relacionado con las actividades ilícitas del empresario.

En cuanto a la empresa de espectáculos, esta fue creada en 2022 en asociación con un allegado. Según el socio, la compañía entró en liquidación el año pasado tras conocerse las acusaciones contra González Ortiz.

González Ortiz, quien no tenía antecedentes penales en Colombia, mantenía un perfil bajo a pesar de su participación en actividades ilícitas. Según El Tiempo, su rol como promotor de conciertos y propietario de locales de comida le permitió integrarse en la sociedad caleña sin levantar sospechas.

Por otro lado, Aldana Gil, aunque menos visible públicamente, desempeñaba un papel crucial en la logística del tráfico de drogas. Su capacidad para coordinar el transporte y garantizar la seguridad de los cargamentos fue clave para el éxito de la operación.

La misión específica de la Fuerza de Tarea la Fuerza de Tarea de Ejecución de Crímenes Organizados y Narcotráfico (Ocdetf) es interrumpir y desmantelar a las Organizaciones Criminales Transnacionales involucradas en el tráfico de drogas a gran escala, el blanqueo de dinero y actividades relacionadas, tal como lo hicieron con la banda colombiana.

La Fuerza de Tarea Ocdetf está compuesta por agentes y oficiales del Servicio de Investigaciones de la Guardia Costera (Uscg), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y la acusación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

El fiscal estadounidense Roger B. Handberg destacó la magnitud de esta operación, subrayando que la red liderada por González Ortiz y Aldana Gil logró movilizar cantidades masivas de cocaína durante casi una década.