El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Villamizar Meneses, formalizó una denuncia penal contra el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su presunta responsabilidad en la grave crisis de seguridad que afecta a la región del Catatumbo.
La denuncia, presentada el 25 de enero de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación, apunta a los delitos de omisión de socorro, homicidio agravado y desplazamiento forzado, bajo la modalidad de comisión por omisión.
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“La violencia y el abandono al que han sido sometidos los catatumbeses pudieron prevenirse si el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, en cabeza de Velásquez, hubiesen actuado oportunamente, pero ignoraron las alertas y decidieron entregarle a los bandidos la vida de inocentes”, señaló Villamizar, que también destacó que esta crisis refleja un retroceso de 20 años en materia de seguridad.
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Y es que la región del Catatumbo vive una de sus peores crisis en décadas debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control territorial, vital para actividades ilícitas y el tránsito hacia Venezuela. Desde enero, se reportan más de 80 muertes, alrededor de 20.000 desplazados y aproximadamente 46.000 niños sin acceso a la educación debido al cierre de escuelas.
Según la denuncia, la Defensoría del Pueblo emitió 10 alertas tempranas desde 2022, dos de ellas en agosto y noviembre de 2024, catalogadas como de “riesgo inminente”. Estas advertencias subrayaban el escalamiento del conflicto armado y los ataques indiscriminados que afectan principalmente a la población civil. En uno de los episodios más graves, ocurrido en Tibú, se registró una masacre de tres personas, mientras que las bases militares en la región acogieron a 112 refugiados que huían de la violencia.
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La denuncia también señala que, “el carácter indiscriminado y desproporcionado de la acción armada vulnera los derechos humanos de la población civil, generando pánico generalizado y causando situaciones extremas, como el ataque a la subestación de Policía en Guamalito y retenes ilegales en la vía Ocaña-Aguachica”.
Presunta omisión y falta de respuesta estatal
Villamizar argumentó que la falta de acciones preventivas por parte del Ministerio de Defensa configuró una omisión grave, dado que se contaba con información suficiente para anticipar la crisis. “El ministro de Defensa aparentemente omitió, sin excusa válida, auxiliar a la población del Catatumbo, pese a contar con activos militares e inteligencia suficiente para reaccionar de forma preventiva y rápida”, indica la denuncia.
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Además, se destacó que el debilitamiento de la fuerza pública ha contribuido al deterioro de la seguridad en el área. Un informe reservado de inteligencia citado por Villamizar detalla un incremento del 14% en los integrantes de grupos ilegales en el último año, mientras que el número de soldados ha disminuido en un 26% desde 2012. La denuncia también acusa al ELN de haber trasladado sus operativos al Catatumbo a través de rutas desde Venezuela, lo que refuerza la falta de control estatal en las zonas fronterizas.
Cuestionamientos ante las medidas de la fuerza pública
Aunque el Ejército ha intensificado sus operaciones en el Catatumbo, incluyendo la captura de 84 guerrilleros y la incautación de una tonelada de explosivos, Villamizar considera estas acciones insuficientes para revertir el caos. El alcalde de Tibú, Richard Claro, también criticó la falta de coordinación estatal, afirmando que, “desde el año pasado se había alertado al Gobierno Nacional sobre la situación”.
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“Este municipio tiene unas condiciones particulares; el control territorial por 44.000 hectáreas y la economía que fluye en la frontera son atractivos para los grupos ilegales. La ausencia del Estado ha llevado al abandono del Catatumbo”, declaró Claro.
El representante a la Cámara concluyó su denuncia pidiendo a la Fiscalía que investigue si las conductas del ministro Velásquez configuran responsabilidad penal por los delitos mencionados. Además, instó al Gobierno nacional a tomar medidas inmediatas para restablecer el orden en el Catatumbo y garantizar la seguridad de sus habitantes.
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