Un entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) puso en el centro de la controversia a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro.
El viernes 24 de enero, un juzgado de Bogotá decidirá si se levanta la medida de aseguramiento que la mantiene recluida desde el 24 de diciembre.
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La defensa de Ortiz apeló la decisión, argumentando que no representa un peligro para la sociedad y destacando su condición de madre cabeza de hogar.
Ortiz se encuentra detenida en la estación de Carabineros de Bogotá, luego de que la jueza tercera de garantías determinara que su libertad podría interferir en las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en la Ungrd. La Fiscalía imputó a Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que ella rechazó al declararse inocente.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación señaló que dentro de la Ungrd se habría conformado una “organización criminal” que aprovechó las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública emitidas por el Gobierno para direccionar contratos a cambio de sobornos. Esta red habría sido liderada por Olmedo López, entonces director de la entidad, y Sneyder Pinilla, su subdirector.
Los testimonios de López y Pinilla han sido clave en el caso contra Ortiz. Ambos exfuncionarios señalaron que la exconsejera jugó un rol fundamental en la red corrupta, actuando como intermediaria en reuniones y acuerdos que facilitaron el desvío de recursos públicos. En particular, se le acusa de haber entregado 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, por orden de Carlos Ramón González.
La jueza que impuso la medida de aseguramiento argumentó que existían pruebas suficientes para inferir la participación de Ortiz en los delitos imputados. La togada destacó que Ortiz, en su calidad de servidora pública, habría influido en otros funcionarios para facilitar los actos ilícitos.
Entre las pruebas mencionadas se encuentran reuniones en el Palacio de Nariño, como un desayuno celebrado el 25 de septiembre, donde se habrían concretado acuerdos entre altos funcionarios y directivos de la Ungrd.
El medio detalló que gran parte de los contratos direccionados por la red de corrupción terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”. Este empresario dirige más de 30 compañías, entre las cuales se encuentran Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S., todas ellas vinculadas al caso y cuyos representantes ya han sido imputados.
La Fiscalía señaló que estas empresas fueron utilizadas para desviar recursos destinados a la atención de desastres y calamidades públicas, afectando gravemente la gestión de emergencias en el país. Este esquema de corrupción generó un fuerte impacto en la opinión pública, al tratarse de recursos destinados a atender situaciones de alta vulnerabilidad.
El abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, cuestionó el proceder de la Fiscalía, asegurando que su clienta fue objeto de presiones indebidas. Según Medina, el ente acusador habría ofrecido un preacuerdo a Ortiz, aunque no se han revelado los términos de dicha propuesta.
Medina también señaló que el caso contra Ortiz busca vincular al presidente Gustavo Petro al escándalo de corrupción. Según el abogado, su clienta habría sido utilizada para “salpicar” al mandatario, en un intento de politizar el caso y desviar la atención hacia el Gobierno.
La decisión que tome el juzgado el viernes 24 de enero será crucial no solo para el futuro de Sandra Ortiz, sino también para el desarrollo de las investigaciones en torno a la red de corrupción en la Ungrd. El caso puso en evidencia las debilidades en los controles sobre los recursos destinados a la gestión de desastres, así como las posibles conexiones entre altos funcionarios y empresarios involucrados en actos ilícitos.
Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca el desenlace de este caso, que ha salpicado a figuras clave del Gobierno y generó cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de recursos públicos. La audiencia de apelación será un momento decisivo para determinar si Ortiz recupera su libertad o si continúa bajo medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones.
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