Consejo de Estado rechazó la recusación del excanciller Álvaro Leyva contra Margarita Cabello por el caso de los pasaportes

El Consejo de Estado desestimó la recusación presentada por la defensa del excanciller Álvaro Leyva, que buscaba apartar a la exprocuradora general Margarita Cabello de la resolución de segunda instancia relacionada con la inhabilidad impuesta al exfuncionario en el caso de los pasaportes.

La recusación fue presentada en noviembre de 2024 y argumentaba que las declaraciones de Cabello antes de conocerse el fallo final de la Procuraduría constituyeron un prejuzgamiento del caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el escrito de la defensa, las declaraciones de la exprocuradora sugerían que podría omitir la aplicación de una sentencia vinculante que restringe derechos políticos. Leyva señalaba que ciertas manifestaciones de Cabello indicaban su intención de “mostrar resultados” antes de finalizar su mandato y anticipaban el sentido de la decisión.

En el documento, se afirmaba que esas expresiones extraprocesales no eran opiniones generales, sino un verdadero prejuzgamiento. “Sus declaraciones extraprocesales, lejos de construir opiniones genéricas, constituyen un verdadero prejuzgamiento, pues revelan que la doctora Margarita Cabello Blanco, en su eventual rol como falladora en segunda instancia, omitirá la aplicación de una sentencia vinculante de carácter convencional en materia de restricción de derechos políticos, de acuerdo con su designio de mostrar ‘resultados’ antes de finalizar su periodo en el cargo. Sus manifestaciones anticipan, una vez más el sentido de la decisión”, se leía en el recurso.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que los argumentos expuestos en la recusación no tenían fundamento. En su resolución, el alto tribunal indicó que Margarita Cabello concluyó su periodo al frente de la Procuraduría el pasado 15 de enero de 2025, por lo que ya no tendría injerencia alguna en el proceso que afecta al excanciller Leyva. Por este motivo, la recusación fue rechazada, ya que no se puede apartar a una persona de un caso en el que ya no tiene participación.

La recusación se produjo después de que Leyva apelara un fallo disciplinario de la Procuraduría, solicitando la nulidad del caso y alegando que se vulneraron garantías procesales. El documento de recusación explica que, aunque por jerarquía institucional la procuradora debe revisar la apelación, su interés directo en el resultado final y sus declaraciones previas hacen inviable que pueda emitir un juicio imparcial. “La Procuradora no solo ha conocido previamente el proceso, sino que ha sido su principal arquitecta, comprometiendo gravemente su capacidad para emitir un juicio imparcial y objetivo sobre la decisión que ella misma configuró a través de sus procuradores delegados”, señaló el excanciller en su escrito.

Leyva también destacó que Cabello había manifestado públicamente su posición sobre el caso antes de la investigación formal, lo que podría interpretarse como un pronóstico de sanciones severas. “Al proceso surte el trámite de apelación que, por orden jerárquico, institucional, le corresponde a Margarita Cabello resolver. No obstante, es aquí donde se hace evidente el impedimento para pronunciarse en segunda instancia: tener un interés directo en la resolución definitiva del proceso disciplinario en mi contra, habiéndose manifestado públicamente sobre el particular”, añadió Leyva.

La defensa de Leyva, liderada por el abogado Yefferson Dueñas, también presentó un detallado documento de casi 170 páginas en el que se expusieron las irregularidades que, según ellos, afectaron el debido proceso y la defensa del excanciller. Entre las irregularidades señaladas, se mencionó que la sanción fue adoptada sin el debido trámite formal, ya que el proceso no fue adelantado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, sino por un procurador, y el fallo fue emitido solo por dos procuradores delegados.

Finalmente, Leyva concluyó que las declaraciones de la procuradora fueron interpretadas por la prensa como un “presagio de sanciones severas en su contra”. “La declaración pública de la Dra. Margarita Cabello, en la que anticipó resultados disciplinarios antes de iniciar formalmente la investigación, comprometió su objetividad en el proceso para intervenir formalmente en él”, expresó Leyva.